¡Libérenlos!

Las cárceles peruanas son actualmente un polvorín. El estado mental de los miles de reclusos es el peor, como consecuencia del abandono en el que están postrados. Según el Instituto Nacional Penitenciario hay 95,548 presos hacinados en cárceles cuyo aforo es solamente de 40,137 personas. Y lo más grave de la crisis judicial es que entre esos reclusos hay nada menos que 34,879 ciudadanos sin sentencia firme; seguramente muchos de ellos serán declarados inocentes y liberados en instancias superiores. El Estado peruano nunca ha compensado económicamente ni moralmente a todos los inocentes que purgan injusta carcelería. 

Somos testigos de las razones esgrimidas por jueces y fiscales para justificar una prisión preventiva, muchas veces sin cumplir los presupuestos que justifiquen quitarle a una persona su libertad. Por lo pronto, los peligros de fuga presentadas como justificación carcelera suenan un tanto ridículos hoy en día. Pero si pretendemos que la pena tenga proporcionalidad con el daño causado, y que se refleje en el tiempo de reclusión, hoy esa línea se ha roto, pues al castigo de la carcelería hay que agregarle el inminente peligro de muerte que significa contagiarse de coronavirus en una cárcel peruana.

¿Cuántos respiradores y camas de cuidados intensivos van a estar disponibles para los cientos de presos que podrían llegar a enfermarse? El distanciamiento social, los dos metros entre persona y persona, en las cárceles peruanas resulta una utopía. Necesitamos una justicia con reflejos, que actúe inmediata y responsablemente, y que además tome pruebas moleculares a todos los que sean liberados. Hay que excarcelar a quien haya cometido delitos leves. Y buena parte de los presos están recluidos por falta de pagos de alimentos; la condición exigida a estos cerca de 3,000 presos es que paguen previamente sus deudas. Una condición ridícula, que favorece solamente a los que tienen dinero.

El contagio en las cárceles resulta inevitable. Por ello es preciso liberar inmediatamente a los reclusos que no representen mayor peligro a la sociedad. De no hacerlo, las autoridades responsables cargarán sobre sus espaldas con los numerosos muertos debidos al contagio del coronavirus en las cárceles.