Las cárceles son una coladera

Ministra Pérez Tello no tiene la capacidad para solucionar el problema

Para nadie es un secreto que el sistema penitenciario peruano desde hace mucho tiempo está al borde del colapso. Es poco o nada lo avanzado en la readaptación de los presos, debido a que ningún gobierno ha tomado al toro por las astas ni desarrollado una estrategia integral para solucionar este espinoso problema.

El actual gobierno anunció con bombos y platillos la reorganización del sistema carcelario, que actualmente está inmerso en una gran tugurización y alto grado de corrupción, donde todo se compra y todo se vende. De acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional Penitenciario, el 80% de las llamadas telefónicas de secuestros, asaltos, extorsiones, tráfico ilícito de drogas y sicariato, se originan en las cárceles; es decir, son los “centros de operaciones del delito”.

Sobre el particular, en octubre de 2012 Proinversión anunció la buena pro del proyecto de instalación de bloqueadores de celulares en las cárceles. Han transcurrido más de cuatro años y no existe un control mínimo de las llamadas telefónicas, pese a que Prisontec —empresa responsable del proyecto— ofreció concluir la obra en julio del 2015. Ha pasado más de año y medio y hasta la fecha… ¡nada!

Todos se lavan las manos, tirándole la pelota al otro, y esto ocurre porque los funcionarios del Ministerio de Justicia, responsables de exigir soluciones, no hacen absolutamente nada. Esto no ocurriría si no existieran funcionarios corruptos que, aprovechando sus cargos, se hacen de la vista gorda para que la delincuencia actúe con total impunidad. Lógicamente, previo pago de coimas.

También se prometió implementar un sistema de “grilletes electrónicos” para reos primarios, acompañado de un programa de readaptación, para reducir el hacinamiento en las cárceles. Pero hasta la fecha “no se oye, padre”.

Sin embargo, luego del reportaje televisivo del último domingo sobre el escandaloso ingreso de prostitutas a las cárceles —y después de escuchar las declaraciones del Sr. Edgar Carpio, viceministro de Justicia y responsable de dicha función— entendemos el porqué del poco avance. Y dudamos que la actual gestión de la ministra Pérez Tello tenga capacidad y voluntad política para dar solución a esta compleja problemática. Para colmo, se fotografía con Máxima Acuña de Chaupe, abanderada de los enemigos de la inversión minera, lo que pone en tela de juicio el correcto accionar del Estado en este espinoso problema.

Como se sabe, la inseguridad ciudadana tiene cuatro componentes que la sustentan: un sistema judicial con serios cuestionamientos y poca productividad, un sistema penitenciario totalmente desbordado y corrupto, una Policía Nacional desmotivada y sin brújula, y una sociedad civil que poco o nada puede hacer, debido a que en la práctica la estrategia de seguridad ciudadana no logra articular la importante participación vecinal.

No estamos hablando de algo imposible de realizar. Es más, en el Perú se ejecutó con éxito una estrategia de estas características, que nos permitió solucionar el mayor problema de los peruanos en las décadas de los ochenta y noventa; es decir, el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA.

Luego de siete meses de gestión, vemos que el ministro del Interior, Carlos Basombrío, adolece de capacidades básicas para emprender una eficiente estrategia de seguridad ciudadana. Esto se comprueba con su poca ascendencia con el alto mando policial, su inexistente comunicación con la sociedad civil, y el avance de la delincuencia, que rebasa el accionar de un Estado débil y dubitativo.

Ante esta coyuntura, el gobierno debería evaluar un cambio de ministros, que refresque al actual gabinete. Recordemos que no solo se trata de las carteras del Interior y Justicia, al existir también cuestionamientos a la gestión de la ministra de Salud.