La torre que la corrupción no derriba

Los derechos de propiedad, decisivos en los conflictos sociales  

El gobierno ha publicado un decreto de urgencia que obliga a las empresas involucradas en actos de corrupción a poner el producto de la venta de sus activos en un fideicomiso que servirá para pagar las reparaciones civiles a que hubiere lugar. La medida comprende a las personas jurídicas cuyos representantes son condenados o reconocen la comisión de delitos, y también a las empresas “vinculadas” a las anteriores, si son propietarias de más del 10% de las acciones de no se sabe qué. Nadie entiende si la constructora Graña y Montero, accionista de más del 10% del consorcio del Gasoducto del Sur está o no comprendida en la norma.

El decreto de urgencia es una obra maestra del oscurantismo, pues puede aplicar la norma a la empresa corrupta, pero no a la socia. Todo depende de lo que convenga. ¿Pretende el gobierno permitirle a la socia vender sus activos para que pueda participar en la nueva licitación del mismo contrato de concesión del gasoducto? ¿Un contrato corrupto que el gobierno empuja a marchas forzadas para que la obra siga adelante a como dé lugar, con una garantía del Estado que endeudaría a los peruanos por treinta años y sin el menor respeto por sus derechos? ¿Y esto no es una exacción de la propiedad y un acto de corrupción?

Mientras tanto en Apurímac, lejos del laberinto limeño de la corrupción, hace cuatro meses que las comunidades tienen bloqueada la carretera de salida de la producción de Las Bambas al puerto de Matarani y a la exportación. Las comunidades reclaman un derecho a cobrar por el paso de los camiones de la mina por sus tierras. Si son tierras comunales, ¿tienen o no las comunidades derecho a cobrar por ese paso? Nadie sabe. La empresa pudo negociar con ellas un contrato de servidumbre de paso. Pero si la comunidad no tiene título de propiedad, ¿cómo puede firmar un contrato con la empresa?  

Acto seguido, la carretera fue declarada “bien público” por una autoridad local. La empresa ya no debe pagar a las comunidades derecho de paso alguno. Los comuneros, entonces, bloquearon la carretera. Hace cuatro meses. Tomar una carretera es un delito. Declararla bien público, ¿no es un atentado contra la propiedad comunal y un acto de corrupción?

La caída de la producción de Las Bambas sería fatal para el Perú. Es el caso emblemático de este gobierno, como Conga lo fue del anterior. Las Bambas no ha dejado de producir porque saca el mineral por una carretera alternativa. Pero solo pudo hacerlo hasta el domingo pasado, en que esta carretera también fue bloqueada por las comunidades. Y desbloqueada de inmediato el lunes por un contingente de la Policía y el Ejército. El lugar ahora es un polvorín.

La opinión pública en Lima no lo sabe y el gobierno no dice una palabra. Todos están ocupados emitiendo juicios morales sobre la corrupción (atribuyéndola a personas) y  produciendo normas legales contra la corrupción que son la cuadratura del círculo. Pero la falla está en los derechos de propiedad en primer lugar. Hernando de Soto tiene razón. Los derechos de propiedad son lo primero. Son los cimientos del edificio que la corrupción no puede derribar.