La tenaz oposición al desarrollo sostenible

Han transcurridos ocho años desde que Naciones Unidas fijó 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para el año 2030, abogar por su cumplimiento en nuestro país tiene serias dificultades, se corre el riesgo de ser señalado como neomarxista, “progre”, defensor de fabricantes chinos de paneles solares, irresponsable por atentar contra la seguridad de abastecimiento energético y de la recaudación de regalías perjudicando a las regiones. 

Los pregoneros de los señalamientos vienen del lado de las empresas relacionadas con el negocio del gas natural (GN), los fósil lover's, que transmiten lastimero reclamo como si fueran a desaparecer del mercado, cuando la realidad es que en el extremo podrían disminuir sus ventas. 

Para la tranquilidad de los tradicionalistas de la energía, es una realidad que aún serán necesarios, aunque progresivamente irán cediendo terreno ante los suministradores de energías con recursos energéticos renovables (RER). No comparto la sentenciosa afirmación que en el 2050 estaremos en un mundo de cero carbonos, que sostienen diversas empresas europeas que gestionan termoeléctricas y cuyas sucursales operan en nuestro país.

De los 17 ODS, uno de ellos, el N° 7 (energía asequible y no contaminante), de manera parcial está en discusión en la opinión pública local a raíz de un dictamen aprobado en la Comisión de Energía del Congreso que, plantea el incremento de participación de la generación eléctrica con RER. 

Cuando hablamos de energía también tenemos que referirnos a los carburantes, donde los biocombustibles de primera y segunda generación, la electromovilidad y la tecnología del hidrógeno verde van al desplazamiento del GN, gasoholes y diésel; en esa dirección camina el mundo mientras acá se predica la masificación del gas, ir en contracorriente se llama.

En la discusión se ha dejado de lado el ODS N° 13 (acción por el clima), que tiene que ver con la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), que si bien es cierto no es que los peruanos vayamos a salvar el planeta del calentamiento global, dada las modestísimas emisiones que tenemos, sino que hay que honrar los compromisos de reducción adquiridos en el Acuerdo de París del 2015, durante la COP 21. 

Hasta los irreductibles defensores latinoamericanos del petróleo, como el presidente mexicano López Obrador, han mostrado un punto de inflexión, de apologista a ultranza de la Refinería Dos Bocas, en su natal Tabasco; ha pasado al Plan Sonora (estado limítrofe con California), donde entre otros se ha planificado una central solar de 1,000 MW, y en todas las actividades relacionadas esperan una inversión de US$ 48,000 millones. 

El concepto de sostenibilidad resulta vital para las multinacionales, les permiten una mejor apreciación en los mercados internacionales, interesándose en obtener el llamado “Certificado Verde” (acreditación de compra de electricidad de fuente RER). En nuestro país empresas como las mineras MMG (Bambas) y Hudbay (Constancia), lo han obtenido; asimismo ha ocurrido con la brasileña Gerdau (Siderperu) y la japonesa Komatsu; entre otras. 

Una de las razones del interés por el Certificado Verde, está en el financiamiento pues ya existe la llamada “Banca Verde”, muy activa a nivel internacional, y que aquí poco se conoce. Entidades como el Banco de la Nación está iniciándose en el tema, informándose de este sector de negocios que puede usarlo en el fondeo propio y de proyectos de gobiernos regionales, locales y cajas municipales. 

El Congreso y el Ejecutivo peruano, debe tener bien presente que por las razones señaladas deben apostar en el avance de las RER, que va más allá del interés particular de los fósil lover's, que están mediáticamente muy activos. 

Hay aristas técnicas que podrán discutirse en el próximo debate en el pleno, pero nada justifica que se postergue la aprobación, menos aún bajo la monserga que utiliza el eufemismo: “aplicación ordenada”, sinónimo de no lo veamos ahora dejémoslo para mañana, que no sabemos cuando será. La resistencia al cambio difundiendo temor a las autoridades es una mala práctica que debe ser desoída.