La reforma de Lima (1a parte)

Se impone pues una reforma institucional de la capital

La propuesta de doce parlamentarios proponiendo la creación de la provincia de San Juan de Lurigancho, secundada por el Frente por la Provincialización del distrito más poblado del Perú, ha reavivado el debate sobre el futuro institucional de Lima Metropolitana. La Mancomunidad Municipal de Lima Norte no se ha quedado atrás, y desde hace meses también viene proponiendo la creación de la provincia de Lima Norte, con un enfoque de conurbación.

Lo óptimo sería aprovechar la ocasión para volver a plantear la necesaria reforma del régimen institucional y de representación de Lima Metropolitana. Es un régimen obsoleto que rige desde hace casi cien años. Se muestra incompetente para una megaciudad con casi diez millones de habitantes. Eso explica por qué todas las mancomunidades municipales se han reunido en días pasados, intentado representar a todas las “limas” de la capital, para llenar el vacío de un régimen de gobierno municipal provincial, casi reducido en un 90% a la gestión del Cercado de Lima.

Lima es desde hace por lo menos dos décadas una ciudad policéntrica, pero tiene un gobierno metropolitano monocéntrico. Su estructura orgánica y gerencial reduce su accionar casi exclusivamente al Cercado de Lima. Más allá de algunas atribuciones que ejerce precaria o muchas veces arbitrariamente —como los cambios de zonificación, la ratificación de las ordenanzas sobre tributos municipales de cada distrito y la ejecución de contadas obras de impacto metropolitano—, todas las otras atribuciones que le faculta la Ley de Municipalidades (Ley N° 27972) simplemente no las ejerce, porque institucional y presupuestalmente no puede hacerlo. La última gestión de Susana Villarán intentó, en parte, resolver este problema con la creación de las Áreas Interdistritales de Gestión y Planificación, pero no se atrevió a ponerlas en práctica. No lo hizo en gran medida por un enfoque centralista y burocrático, so pretexto de “no perder poder”.

El otro problema es la representación de la ciudad. El Congreso se ha negado a la creación de por lo menos seis distritos electorales múltiples para elegir los 36 parlamentarios que le corresponden a Lima Metropolitana, circunscripciones que también servirían para elegir a los 39 regidores metropolitanos. Estos parlamentarios y regidores representan en realidad a todos y a nadie. Es una lógica arbitraria que hace que los ciudadanos de Lima no tengamos en la práctica quien nos defienda, y tampoco permite generar una agenda de cambios para enfrentar los problemas de inseguridad, el caos del transporte y la creciente informalidad. Y también el lamentable problema de que Lima tenga el presupuesto más bajo de todas las capitales de América Latina.

La crítica de algunos sectores a la iniciativa de San Juan de Lurigancho y de Lima Norte para convertirse en provincias resulta bastante contradictoria. Los opositores alertan contra la atomización territorial de la ciudad; pero no proponen ningún cambio y, lo que es peor, no se percatan que desde hace décadas Lima Metropolitana ya es una ciudad súper atomizada con 43 distritos, un sistema de transporte público con diez entidades que se disputan competencias y con cerca de 21 conflictos interdistritales. Según el propio Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) solo 4 de los 43 distritos que forman la provincia de Lima Metropolitana tienen sus límites perfectamente definidos al día de hoy.   

Se impone pues una reforma institucional de la capital, abordando el tema de la misma manera que lo han hecho ciudades como Madrid, Quito, Bogotá o Buenos Aires. En aquellas ciudades los parlamentos nacionales optaron por aprobar “leyes específicas de la capitalidad” de estas ciudades; con regímenes especiales, pero en el marco de una propuesta de descentralización, integración y desconcentración. Incluso, ciudades como Buenos Aires han logrado crear su propia Policía Metropolitana.

El punto de partida de esta reforma es modificar el Artículo 198 de la Constitución, norma que perpetúa el carácter provincial del gobierno de la ciudad y que, para colmo, le da al Callao mayor rango y mayores recursos que la Municipalidad Metropolitana de Lima. La reforma debe apuntar a crear el Gobierno Regional Metropolitano de la capital, de Régimen Especial, a cuyo interior pueden crearse provincias conurbanas o de otras características; como San Juan de Lurigancho, un distrito encerrado por dos cadenas de cerros. Con el desarrollo de esta reforma volveremos en la segunda parte de este artículo, la próxima semana.

Neptalí Carpio