La oportunidad de tener un Perú mejor para todos

Escribo este artículo un Domingo de Ramos, fecha que para quienes somos creyentes significa el inicio de una semana de recogimiento y reflexión que culmina con la Pascua de Resurrección, y en la que la esperanza de una vida eterna nos hace pensar en el sentido que tiene nuestra vida actualmente. Como una exacta coincidencia, esta semana inicia un nuevo Gobierno liderado por el Ing. Martín Vizcarra, por lo que, como parte de la reflexión personal, debemos pensar en qué podemos hacer, desde nuestros espacios personales o profesionales, para aportar al éxito de esta gestión.

Hoy el Perú enfrenta el peligro de una crisis económica y social. Según diversos expertos, el Gobierno del señor Kuczynski nos deja una economía de bajo crecimiento —no más del 3% en este año—, una informalidad que bordea el 75% de la PEA, la drástica caída de la inversión privada —hoy en tasas negativas, después de quince años—, el desempleo, la no mejora en la prestación de servicios públicos y el ingente incremento de la conflictividad social que hoy —según data de la Defensoría del Pueblo— alcanza un registro de 250 problemas en curso. Si bien es cierto que muchos de estos indicadores son fruto del corrupto y nefasto Gobierno del señor Humala, en casi dos años los “gabinetes de lujo” posteriores poco o nada hicieron para revertir tal situación.

Otro de los riesgos que enfrentamos es la arremetida de la izquierda peruana contra el modelo económico. Culpar a nuestra Constitución por los gravísimos hechos de corrupción evidenciados en los últimos días constituye parte de la nueva plataforma expuesta por sus más ácidos representantes. No se trata, pues, del modelo económico; se trata de corrupción pura y dura. Las cifras respaldan las bondades del actual modelo económico. Desde 1968 hasta 1992, con Constituciones que consagraban el socialismo, nuestro país creció en 25 años en un 40% aproximadamente, a razón de 1.3% al año. En el mismo periodo de tiempo, desde 1992, el Perú ha crecido 230% a razón de 5% en promedio por año. Esta gran diferencia en las cifras nos dice mucho.

El gran reto, sin duda, es perfeccionar el modelo económico. Pero ello no puede implicar volver al Estado empresario, donde las empresas registran un sufijo ¨Perú¨ —Pescaperú, Mineroperú, etc.— para pretender generar un sentimiento de propiedad común. Ello no ha hecho que el Estado brinde mejores servicios públicos —salud y educación, principalmente—, que sea fuerte para fiscalizar la inversión privada y para desterrar la corrupción, ni que se generen mejore oportunidades para todos.

Se ha escrito tanto en torno a este Estado eficiente a nivel nacional e internacional, por lo que hoy solo toca replicar algunas de las reformas que otros países con economías similares han implementado con éxito, adaptándolo a nuestra realidad. No se trata pues de inventar la pólvora.

En primer término, requerimos diseñar e implementar una verdadera reforma en materia anticorrupción. Un primer paso, sin duda, será la expedición de la Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República, la modificación de rol de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) y la modificación en forma integral del mecanismo de asignación presupuestal, a fin de que obedezca realmente a las necesidades más urgentes de nuestro país. Incluyendo criterios como calidad de gasto, además del uso de herramientas como el índice de pobreza a nivel nacional.

Otra tarea realmente urgente será combatir la informalidad. Chile, por ejemplo, implementó una agencia de acompañamiento y promoción de la micro y pequeña empresa, que implica un régimen tributario especial y gradual de acuerdo al tamaño de las empresas y de su propio crecimiento.

Mejorar y simplificar el marco legal para las inversiones públicas y privadas, sin relajar los controles pero desregulando actividades en función de su impacto, permitirá mejorar los estándares de competitividad y reactivar inmediatamente nuestra economía. En este punto, mención aparte merece la etapa de la Reconstrucción con Cambios. No se trata —y así lo señala la ley aprobada— de solo reponer la infraestructura que existía antes del fenómeno de El Niño costero, sino que debe habilitarse una infraestructura que garantice que los impactos serán menores en caso de una nueva ocurrencia, como hicieron Ecuador y Chile tras eventos similares.

Podríamos seguir escribiendo acerca de las necesidades y de las posibles soluciones que se han probado en el mundo. Pero hoy toca esperar a que el presidente Vizcarra proponga su agenda nacional, que representará un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para todos los peruanos. Estaremos atentos y vigilantes, y desde nuestras curules brindaremos nuestro trabajo y expertise sin renunciar, desde luego, a nuestras labores de fiscalización. ¡Avancemos, presidente, para reformar el Perú!