La obsesión totalitaria andina

El periodista y escritor chileno Ascanio Cavallo afirma que un vistazo sencillo a América Latina revela que la Constitución se ha convertido en una obsesión compartida por los proyectos populistas de izquierda y de derecha. “Este es el nudo del populismo moderno: la primera finalidad es ganar el gobierno mediante los mecanismos tradicionales. Luego viene la segunda: alterar esos mecanismos de modo de asegurar nuevos triunfos. Uno de los exponentes excelsos de esta lógica fue Evo Morales, que diseñó una Constitución para su partido, el MAS, y luego quiso rediseñarla para sí mismo”. Hubo un momento, por supuesto, en que el pueblo boliviano se dio cuenta y lo expulsó (columna “El payaseo peligroso”. La Tercera, 11 de diciembre de 2022).

Fue la idea-fetiche de Pedro Castillo y de sus afiebrados seguidores en Perú, dispuestos a todo para someter a la mayoría. 

Incluso Chile –el país de Cavallo– todavía se encuentra gravemente afectado por la misma ‘pandemia constituyente’ que mantiene contagiada a un sector de la sociedad peruana, cuyas cepas virales de origen izquierdista han producido estragos en la democracia representativa de nuestra región, generando secuelas para las que aún no se ha descubierto otra vacuna que no sea la decisión libre y soberana de la ciudadanía sufriente. 

El caso de Chile

Max Colodro, filósofo y analista, ha afirmado: “Hace años que en Chile la aplicación de la ley se ha convertido en un asunto discrecional, igual que el respeto a la Constitución. Hoy resulta válido preguntarse ¿para qué necesitamos una nueva Constitución si hay sectores que hacen ostentación de incumplir la vigente? Es que, a pesar de todas sus reformas, la Constitución vigente sigue teniendo un problema de legitimidad de origen”, se responde por parte de aquellos que la atropellan para derribarla”. (artículo “Hacia un Estado fallido”. La Tercera, 20 de noviembre de 2022).

Pero qué sentido tiene elaborar una nueva Carta Fundamental si ni siquiera la autoridad constituida (parlamentarios, funcionarios públicos de jerarquía) está dispuesta a cumplir el ordenamiento jurídico básico. Es en esta atmósfera incierta que se ha concebido una segunda fase: una especie de ‘nasciturus’ cuya supervivencia está por verse.

¿Cómo explicar entonces, el reciente pacto logrado entre los dirigentes y parlamentarios de algunos partidos chilenos para iniciar una segunda fase que permita aprobar un Estatuto de rango superior, tras el contundente rechazo ciudadano del 4 de septiembre a ese engendro monstruoso e irreconocible, parido entre retortijones y dolores por una desprestigiada Convención de izquierda. 

¡Por fin! ¡Por fin!

¡Por fin! ¡Por fin!, han gritado alborozados los malos cocineros de una nueva Constitución para Chile, como si al exterior del espacio estrecho, semioscuro, donde probaban condimentos, sabores y salsas para aliñar el plato recocido e insípido que le han presentado a los ciudadanos, no hubiera otras demandas de mayor urgencia. 

Hambre de seguridad institucional, de normas democráticas claras ha existido desde antaño, pero es un hambre que no se saciará mediante fórmulas híbridas cocinadas con apuro después de tres meses de cucharoneos y extraños revoltijos para salir del paso y evitar que el mejunje se evaporara o quemara en la olla. La sed de tranquilidad, de paz, de justicia, tampoco se saciará con un novísimo acuerdo político maloliente o con otro adefesio jurídico pactado entre elites desesperadas. 

Habrá que permanecer alertas

Cuando el dilema de hoy es entre democracia y autocracias populistas radicales, todo tipo de solución totalitaria –asonadas o autogolpes– debiera descartarse. Como señalara Ascanio Cavallo, “la advertencia es clara: si (Pedro) Castillo quiso intentarlo, cualquiera puede quererlo. Las democracias de la región necesitan más alertas que nunca” (columna “El payaseo peligroso”). Aquí ha faltado una condena explícita y contundente al intento de Castillo de disolver el Congreso, de decretar un toque de queda y de convocar a una asamblea constituyente. 

En este sentido el apoyo de cuatro gobiernos latinoamericanos, etiquetados de izquierda, –Argentina, Bolivia, Colombia y México– al pequeño aprendiz de dictador peruano Pedro Castillo es una muestra clarísima de intervención descarada en los asuntos internos de otro Estado, destinada a privilegiar la afinidad ideológica y avalar comportamientos totalitarios por sobre la integridad del sistema democrático-libertario.

El excanciller mexicano Jorge Castañeda ha escrito que “resulta extraño el silencio de varios gobiernos o personajes latinoamericanos. También deja interrogantes la renuencia de las cancillerías latinoamericanas de convocar una reunión de emergencia de la Organización de Estados Americanos (OEA), o de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac)”.

“La situación demanda que América Latina defienda la democracia de forma colectiva, y que sus gobiernos ‘de izquierda’ lo hagan de forma particular”. (Jorge Castañeda, artículo “La actitud de Pedro Castillo lo puede complicar todo”. El Nacional, Venezuela, 18 de diciembre de 2022)

A estas alturas de la evolución civilizatoria resulta contradictorio con los valores y principios esenciales que rigen las relaciones pacíficas entre pueblos hermanos que una corriente de pensamiento pseudo-democrática inspirada en el cacareado proyecto ‘bolivariano’, pretenda orientar e intervenir hegemónicamente desde fuera en la conducción política de un país que tiene la obligación histórica de resguardar su derecho a ser autónomo, libre y digno.

Formulemos votos pues, para que ni Perú ni Chile sean sometidos por ideólogos y dirigentes foráneos desquiciados que intentan aplicar su metodología insurreccional y luego aplastar las libertades e imponer su modelo tiránico a cualquier precio.