La instalación de un nuevo piloto automático

El anuncio presidencial para convocar un referéndum que consulte a los ciudadanos si quieren una nueva Constitución recicla la discusión inducida por el gobierno que nos conduce hacia un mismo destino: la asamblea constituyente. La consulta popular es un medio formal (institución de participación popular directa) para un fin material que no resulta idóneo (cambio de la Constitución).

La Carta de 1993 no abre la puerta para la convocatoria de una asamblea constituyente, pues todo texto constitucional tiene implícita vocación de permanencia en el tiempo. Por eso, lo único que permite es un referéndum (una consulta ciudadana para la aprobación o rechazo a la creación, modificación o derogación de leyes) para su reforma, total o parcial (artículo 32.1 CP), pero por la vía del procedimiento reglado por los propios constituyentes para su correcta modificación (artículo 206 CP). Además, tengamos en cuenta que la iniciativa presidencial tiene más visos de un plebiscito (la consulta de un asunto de especial importancia para el Estado), institución que no está recogida en nuestra Constitución.

La insistencia en esta tan polémica propuesta de campaña, sin respaldo ciudadano –según los sondeos de opinión–, tiene la intención de mantener un estado de zozobra que persuada a la ciudadanía de que la solución comienza con el cambio de la Constitución para instalar un Estado empresario, un fallido papel ejecutado durante la década del setenta y ochenta del siglo XX, que consumió las reservas internacionales para sostener un aparato burocrático tan gigante como improductivo, quebrado, emisor de moneda sin valor y “productor” de inflación económica. Para lograr sus objetivos, los servicios públicos que operaban con regularidad (emisión de pasaportes, documento nacional de identidad, etcétera) hoy no funcionan, se produce un ambiente de carestía, masiva quiebra de emprendimientos, mayor desempleo, mayor inseguridad ciudadana, sumada a una crispación política sostenida hasta las elecciones regionales y municipales (2 de octubre de 2022), para lograr el objetivo de doblegar la voluntad ciudadana con la esperanza de una recuperación. Un estilo de gobierno que forma parte de la instalación de un régimen contrario a las libertades ciudadanas. 

El rechazo de la iniciativa presidencial por parte de la oposición política será interpretado como un acto contrario a los intereses del pueblo, con la finalidad de agitar a la ciudadanía más golpeada por la crisis sostenida e imponer al Congreso la convocatoria de una asamblea constituyente al “caballazo” para detener la opresión estatal. Un camino similar al caso chileno, iniciado en octubre de 2019, con la diferencia de que en el Perú es promovido por el gobierno electo en segunda vuelta. Si las reales intenciones de un presidente de la República son resolver las diferencias sociales, culturales y económicas –pero prescindiendo de la realpolitik que demanda realismo, diálogo con la oposición y una acción encaminada hacia el bien común– insistir en temas que nos dividen agudizará las contradicciones y pondrá en evidencia las reales intenciones de implantar un nuevo régimen mediante un estatuto (que apodarán constitución con olor a pueblo), contrario a la real separación de poderes y cercana al absolutismo.

En resumen, se trata de la progresiva instalación de un nuevo “piloto automático”, pero con sentido contrario, para fomentar el decrecimiento y EL control ciudadano. Los necesarios ajustes a la Constitución se deben realizar a través de la garantía de su procedimiento de reforma establecido por el Constituyente de 1993 (artículo 206 CP).