La inclusión que excluye

Carlos es dueño de una discoteca y dispone que solo pueden ingresar a su local personas de tez blanca. Jorge, junto con su grupo de amigos, decide ir a la discoteca de Carlos, pero resulta que Jorge tiene la piel oscura y no lo dejan ingresar. Los amigos de Jorge protestan en la puerta y acusan a Carlos de discriminación. Acto seguido, acuden a la comisaría para denunciar el hecho, y luego de varios días de pleitos legales, consiguen que la discoteca de Carlos cierre y este tenga que pagar una reparación monetaria a Jorge por haberlo discriminado.

En este hipotético caso, estamos ante la presencia de un hecho de discriminación con un desenlace “favorable” para la víctima. De esta forma el Estado, usando el monopolio de la violencia, lucha contra la discriminación y busca construir una sociedad más inclusiva. Bien, hasta aquí todo en orden; pero habría que preguntarse si es que este tipo de estrategias en verdad van en la dirección de construir una sociedad más inclusiva. ¿Carlos, con lo que ha pasado, será más tolerante con las personas de piel oscura? Carlos probablemente ahora sienta mucho más desprecio por las personas de piel oscura porque, gracias a esa denuncia, le han cerrado el local y ha tenido que pagarle una reparación monetaria a Jorge.

Esto lo podemos llevar a cualquier caso en el que se manifieste algún hecho de discriminación y el resultado será el mismo. El Estado usando la legislación como garrote para castigar a los discriminadores, en el noble propósito de crear una sociedad más inclusiva, pero fracasando en el intento. Y lo que está mal aquí, incluso peor que la discriminación misma, es la legislación. Las normas no pueden ir en contra de lo que las personas, independientemente de si las asiste la razón o no, creen. Carlos está en todo su derecho de excluir a las personas que quiera y por los motivos que le parezcan. Nos puede parecer algo deleznable, pero no podemos usar el aparato del Estado para obligarlo a “incluir” a las personas que él quiere “excluir”. Igual pasa si el dueño de un restaurante se niega a atender comensales católicos, a comensales homosexuales, a comensales altos o a comensales chinos.

La inclusión no puede imponerse. Es un error que no solo no integra a la sociedad, sino que refuerza todos los motivos para que la exclusión se reproduzca. Si queremos una sociedad inclusiva tenemos que olvidarnos de todas las políticas públicas que buscan la “inclusión”. Debemos entender que el proceso evolutivo que permite que las personas se acerquen unas a otras, y que los prejuicios y creencias absurdas vayan desapareciendo, es algo espontáneo y que nada tiene que ver con la intención que respalda el diseño de alguna política pública en este sentido.

Si Carlos es tan tonto como para restringir el acceso de potenciales clientes a su negocio, ¿por qué no dejar que sea él quien asuma las consecuencias y pierda dinero? Y no olvidemos que los hechos bien pueden marcar toda una campaña de desprestigio en su contra, producto de la indignación de Jorge y sus amigos, lo que podría implicar muchas más pérdidas todavía. ¿Esta no sería una mejor forma de luchar contra la discriminación que usar la violencia estatal para violar el derecho de propiedad que Carlos tiene sobre su discoteca? Después de todo, la integración en la sociedad ocurre por muchos factores y ninguno tiene que ver con la intervención del Estado a través de la legislación. Las personas se integran y se incluyen a través de convenciones sociales, tradiciones y costumbres, relaciones de intercambio, etc., pero no lo hacen a través del Estado y el monopolio de la violencia.