La esperanza de un Perú más justo

El domingo 9 de diciembre los peruanos, por amplia mayoría, con un 80.46% de votos, aprobaron la reforma constitucional sobre la conformación de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura, en una consulta popular en la que hubo un ausentismo del 25.33%.

Esta Junta Nacional de Justicia, que estará conformada por siete miembros (mediante concurso público y con un mandato de 5 años para nombrar jueces y fiscales a nivel nacional), será seleccionada por una comisión especial integrada por el defensor del Pueblo, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el contralor general de la República y dos rectores, uno de una universidad pública y el otro de una privada.

La reforma, ratificada a través del referéndum, constituye una luz de esperanza para los peruanos que vivimos desde hace muchos años una profunda crisis de la justicia, que requiere ser resuelta de inmediato. Por ello aplaudimos el rápido accionar del Congreso de la República, al extender su “legislatura ordinaria” hasta el 30 de enero próximo, con el fin de debatir el proyecto de Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia.

Dicho dispositivo legal debería prever que los futuros jueces y fiscales sean reclutados y seleccionados de las mejores facultades de derecho del país, para luego ser capacitados en una “Escuela de jueces y fiscales”, organismo que debería depender de la Junta Nacional de Justicia. En dicha escuela o academia deberían dotarlos de profundos conocimientos técnicos de la magistratura, y cursos que les permitan tomar contacto con la realidad social del país, articulada al desarrollo nacional.

Un símil, guardando las distancias, es la Academia Diplomática del Perú, donde se forman excelentes profesionales de nuestro servicio exterior, considerado entre los mejores del continente. Este es un tema clave para el futuro del país, que debe ser materia de estudio, debate y de pronta solución en forma coordinada entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República.

Asimismo, esta Junta Nacional de Justicia, en coordinación con la Academia de la Magistratura, tendrá a su cargo la evaluación de los actuales jueces y fiscales para que sean promovidos a cargos superiores, en base a la meritocracia y a una línea de carrera previamente establecida; o que sean removidos, si su formación o línea ética es deficitaria. Para ello deberán ser sometidos a rigurosos exámenes y a la exigencia de estudios de especialización y postgrado para ejercer la magistratura, tal como sucede en otros países, donde la justicia es expeditiva y prestigiosa.

Por otro lado, los jueces y fiscales no ratificados o destituidos ya no podrán reingresar al Poder Judicial o al Ministerio Público. Este es un tema clave para el futuro de la justicia en el Perú, que debe ser materia de estudio, debate y de pronta solución, en íntima coordinación entre la junta seleccionadora y los foros jurídicos nacionales que correspondan. Los peruanos no podemos esperar más.