La consigna inútil

Insisto, no va a haber negación de confianza, ni disolución “fáctica” del Congreso, ni vacancia de la Presidencia, ni constituyente. Tampoco será aprobada la acusación constitucional contra Castillo, ni legal ni legítimamente. Ninguno de esos eventos podrá tener lugar dentro de la ley.

La vacancia de la Presidencia es una barbarie carente de legitimidad porque no tiene un debido proceso. Incluso si el Congreso aprobara una rebajita en el número de votos necesario, seguiría siendo una barbarie inaplicable a Castillo por ilegal, además, ya que las leyes no son retroactivas.

La acusación constitucional, en cambio, sí tiene un debido proceso. Consiste en que, una vez admitida, la subcomisión respectiva tiene una semana para nombrar a los miembros del grupo que prepara la acusación, estos tienen una segunda semana para efectuarla ante la subcomisión, que tiene una tercera semana para debatirla y aprobarla, en cuyo caso la envía a la Comisión Permanente, que no tiene plazo para pronunciarse, y que, de hacer suya la acusación, la elevará al Pleno del Congreso, que tampoco tiene plazo para agendarla.

Suponiendo que este proceso se cumpla en –digamos– unos tres meses, eso habrá supuesto que el fondo de la acusación ha merecido la aprobación en tres instancias -subcomisión acusadora, Comisión Permanente y Pleno- en las que se tendrá que probar lo que la acusación alega: la traición a la patria por las declaraciones de Castillo sobre la salida de Bolivia al mar.

Como la salida al mar sin cesión de soberanía ha sido ofrecida a Bolivia varias veces desde que lo hiciera por primera vez Alberto Fujimori en 1992, hace 30 años, en esta oportunidad la acusación constitucional necesitará probar que Castillo habló de cesión de soberanía implícitamente, ya que explícitamente no lo hizo en ningún momento. Pienso que eso va a resultar imposible de probar.

La oposición necesita cambiar de estrategia respecto del gobierno de Castillo. Ha ganado la batalla contra la disolución “fáctica” del Congreso, que es ya inviable dentro de la ley; ha ganado también la batalla contra la asamblea constituyente, que es imposible ya dentro del orden constitucional; y ha tumbado a dos gabinetes, uno comunista y otro caviar. Es hora de saber cuándo parar.

Castillo es un hombre débil a quien sus propios aliados le impiden ver con claridad que lo único que puede hacer para salvar su gobierno es tomar la decisión política de renunciar a su malhadada constituyente. Pero acusarlo sin pruebas para destituirlo es una barbarie más. Nadie sabe qué puede resultar del vacío de poder de otra decapitación presidencial en la guillotina del Congreso.

Aun siendo real la tóxica conspiración del eje La Habana-Caracas-La Paz contra el Perú, eso no quiere decir que el pueblo peruano esté de acuerdo con derrocar al gobierno de manera ilegal, aun si no tuviera legitimidad alguna. Es inútil y equivocada la consigna de la oposición de sacar a Castillo de cualquier manera, porque –lo diré una vez más a riesgo de cansar– las guerras se pierden por luchar contra el enemigo equivocado.