Humberto Abanto
La batalla por el Tribunal Constitucional
Poder Legislativo goza de autonomía para elegir a miembros del TC
I
"Si uno no quiere luchar por el bien cuando puede ganar fácilmente sin derramamiento de sangre, si no quiere luchar cuando la victoria es casi segura y no supone demasiado esfuerzo, es posible que llegue el momento en el que se vea obligado a luchar cuando tiene todas las de perder y una posibilidad precaria de supervivencia. Incluso puede pasar algo peor: que uno tenga que luchar cuando no tiene ninguna esperanza de ganar, porque es preferible morir que vivir esclavizados", dijo Sir Winston S.Churchill y el Congreso de la República parece haberlo entendido.
Hace poco más de un año que el presidente accidental y sus aliados comunistas decidieron someter a la Representación Nacional. La reacción de ésta fue lamentable. Cedió todo lo que pudo ceder ante el embate autoritario, hasta casi dar la impresión de que la separación de poderes se había desvanecido en el Perú y el Congreso de la República no era más que una mesa de partes del Poder Ejecutivo.
Aunque, valgan verdades, un grupo de tenaces congresistas luchó para disminuir el impacto de las reformas pergeñadas por los comunistas e impulsadas por el gobierno. Fue así como no se pudo convertir a la Junta Nacional de Justicia en el instrumento que permitiera la toma total del Poder Judicial y el Ministerio Público por quienes no gozan del favor popular en las ánforas electorales.
Al final de los finales, la ostentosamente denominada “Reforma de la Justicia” no fue más que un fiasco. Como fiasco ha sido, es y seguirá siendo esto que, solo por formalidad, puede denominarse gobierno.
II
El impulso autoritario alcanzó sus más altas cotas con el referéndum, dentro de las cuales logró, sin sentido alguno, prohibir la reelección parlamentaria y bloquear el retorno a la bicameralidad. No cabe soslayar que, en ese momento, el Ejecutivo contaba con la complicidad de un presidente del Congreso hecho a la medida de sus necesidades. Tampoco cabe olvidar que, como infantería, gozaba de una impresionante maquinaria mediática que —con diarios, revistas y programas televisivos y radiales perfectamente alineados, como en los tiempos de Velasco— caricaturizaba al Parlamento y se enaltecía a sí mismo.
Vino el segundo embate del autoritarismo y con él la supuesta “reforma política”, que traía consigo el propósito de hipertrofiar al Poder Ejecutivo y atrofiar al Poder Legislativo. Se proponía desaparecer el voto de investidura, con lo que el presidente del Consejo de Ministros no tendría que explicarle al país, a través de la Representación Nacional, las políticas que implantaría ni las medidas que emplearía para ello. También se quería desaparecer la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, lo que era muy extraño en un gobernante que se enjuaga tanto la boca con su supuesta moralidad. No quedaba allí, se perseguía dejar al Parlamento sin una de sus facultades históricas: la censura de ministros de Estado.
El propósito era desfigurar nuestro sistema constitucional, específicamente aquellas partes que no pueden ser modificadas porque son la base de nuestro Estado, para construir un poder sin contrapesos, en el que la separación de poderes no fuese más que una fórmula declamativa en la Constitución. El sueño de todos los populismos autoritarios que en el mundo han sido.
Tal vez el miedo a un debate público de las propuestas elaboradas por sus aliados comunistas hizo que el presidente accidental no planteara la cuestión de confianza por ellas. Se concentró en cuatro de sus propuestas, las cuales fueron trabajadas cuidadosa y delicadamente por la Comisión de Constitución para quitarles la ponzoña que traían dentro. El 26 de julio último llegó así con una oposición parlamentaria casi exánime y un Ejecutivo arrogante y autoritario.
III
Súbitamente todo cambió. El presidente accidental se jugó entero a la reelección de su socio en el Parlamento. Sabía que si la obtenía su proyecto populista autoritario, orquestado con la complicidad del comunismo, correría sobre rieles. Fracasó estrepitosamente. La oposición parlamentaria logró ungir presidente del Congreso a Pedro Olaechea Álvarez Calderón. No solo eso, la Comisión de Constitución vio reelegida a su presidenta. Otros auténticos opositores asumieron la conducción de importantes comisiones, entre ellas Fiscalización, que ha comenzado a hurgar en las relaciones de la empresa familiar del presidente accidental con la CONIRSA de Odebrecht.
La respuesta del aspirante a mandón fue elevar la apuesta. Llegó al 28 de julio con una propuesta de reducción de los mandatos congresal y presidencial, y de adelanto de elecciones para el 2020. Siempre con su ostentosa maquinaria mediática y su aparato de encuestadoras, creyó que sería sencillo empujar al Congreso al suicidio y repetir la hazaña del referéndum: hacer pasar el llamado a elecciones parlamentarias, pero rechazar la reforma que le impedía postular a reelegirse.
Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos, le dijo el Parlamento, evocando a Neruda. Así se dio un inesperado giro a los acontecimientos, cuando la Comisión de Constitución arrojó la propuesta de adelanto de elecciones al basurero de la historia. Fue un inesperado golpe a la mandíbula que puso groggy al gobierno. Baste con decir que el presidente accidental volvió de Nueva York para presidir un Consejo de Ministros del que salió el dernier Del Solar solo para decir, poco más o menos, que esto no se iba a quedar así.
IV
El Poder Ejecutivo cambió de tema y se lanzó a tratar de interrumpir la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional. Confiando en que su prensa adicta y sus encuestadoras aprovecharían la ignorancia de la mayoría, comenzó a contar el cuento de que se sigue un procedimiento opaco para la elección de magistrados constitucionales.
¿Es esto cierto? ¿El Congreso ha creado unas reglas especiales para procurar el nombramiento de magistrados que le sean adictos? Lo primero que se tiene que decir es que las reglas de elección fueron modificadas el año 2012, para facilitar la elección de los actuales miembros del Tribunal Constitucional. Más aún, que ellos fueron elegidos bajo el procedimiento de invitación, introducido por la modificación que el Congreso de Humala aprobó.
¿Cuál es el problema, entonces? Muy simple. La mayoría parlamentaria es opositora y el presidente accidental no podrá contar con un Tribunal Constitucional que dé pase a su proyecto autoritario, como si lo viene haciendo una exigua mayoría del actual TC. Así que no hay que dejarse engañar con el cuento de que se quiere secuestrar al órgano de control de la constitucionalidad. Aquí lo que se está haciendo es, por el contrario, liberarlo de esa precaria mayoría que ha impuesto una lectura de la Constitución que favorece la toma de las instituciones del Estado, una por una, a manos del gobierno y sus aliados comunistas.
Conclusión
La trascendencia de la elección de nuevos miembros del TC se ha hecho evidente por la reacción desproporcionada del presidente accidental, su dernier, su prensa adicta y sus encuestadoras. Ni qué decir se tiene de la histeria de sus socios comunistas de todos los pelajes. Amenazan al país con las diez plagas de Egipto, si es que el órgano de control de la constitucionalidad escapa de sus manos.
Lo único cierto es que nada resulta más llamativo y sospechoso que el desafuero del Poder Ejecutivo por la elección de los miembros del TC. Se trata de una competencia exclusiva del Poder Legislativo, que además goza de autonomía para diseñar los procedimientos. Una autonomía que, bueno es recalcarlo, no ha usado en este caso, porque el Congreso ejecuta el procedimiento que aprobó el anterior Poder Legislativo.
El presidente accidental y sus aliados comunistas saben que un TC realmente democrático se convertirá en un obstáculo insalvable para su proyecto de convertirnos en un remedo de la Venezuela de Chávez. Esa y no otra es la razón de que el Ejecutivo llegue al extremo de pretender plantear una cuestión de confianza sobre un proyecto de ley inexistente, y que tanto jurista del horror hable de que con la sola aprobación de dicha cuestión de confianza se modificarán automáticamente las reglas de elección de los magistrados del TC, como si ella tuviera poderes de creación legislativa.
Al Congreso le vendría bien recordar el consejo del gran león inglés: "Nunca se rindan, nunca cedan, nunca, nunca, nunca, en nada grande o pequeño, nunca cedan salvo por las convicciones del honor y el buen sentido. Nunca cedan a la fuerza, nunca cedan al aparentemente abrumador poderío del enemigo". No cedan porque esta es una batalla decisiva. Si ceden la noche más oscura caerá sobre nuestro país. La larga noche de la tiranía comunista.
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