Justicia progresista

No es casualidad que todos los presidentes latinoamericanos que tuvieron el valor de enfrentar con éxito a la izquierda hayan terminado presos. Ni que sus países vivan en un clima de guerra tras la división social entre buenos y malos que la izquierda promueve, denigrando a todos los que apoyen al presidente caído en desgracia a manos de la justicia progresista.

Esto ocurre ahora en Colombia con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien la Corte Suprema acaba de privar de su libertad con una prisión domiciliaria, mientras investiga un supuesto caso de soborno de testigos. Un litigio iniciado paradójicamente por el propio Uribe contra el senador comunista Iván Cepeda, quien lo acusó de ser el creador de un grupo paramilitar, sustentado en declaraciones de presidiarios paramilitares. En suma, se trata de un caso basado en dichos de testigos, un típico recurso utilizado en la política para empapelar judicialmente a cualquier enemigo, especialmente cuando se tiene a la justicia de su lado, como suele ocurrir en Latinoamérica con la justicia progresista.

El caso de Uribe ha indignado a muchos, y ha dividido aún más al país. Es la primera vez que un presidente colombiano es privado de su libertad por orden de la justicia, aunque –como era de esperar– Uribe tiene la friolera de 60 investigaciones abiertas que van desde homicidio hasta compra de votos. Esto es el costo de haber combatido a la izquierda terrorista dejando a las FARC en estado de inanición. La exitosa gestión de Uribe jamás será perdonada por el progresismo, no solo por haber derrotado a las narcoguerrillas sino también por la recuperación del orden público, el control del territorio, la disminución drástica de la violencia y la recuperación económica de Colombia. Después de Uribe, las FARC quedaron en inanición, a tal punto que la izquierda se apuró a montar la llamada “justicia transicional” para permitir que puedan no solo rendirse, salvándose de la cárcel, sino incluso llegar al Congreso.

La lista de mandatarios que enfrentaron al terrorismo de izquierdas y acabaron condenados por la justicia progresista es larga. Empieza con Jorge Rafael Videla, quien tuvo que hacerse cargo de una Argentina devastada por el terrorismo de izquierda y derecha, a manos del que sin duda fue el Gobierno más incompetente de la historia argentina, el de María Estela Martínez y su brujo de cabecera, José López Rega. Videla rescató a la Argentina del caos. Y –desde luego– nada sale gratis: hubo víctimas que lamentar, pero el país fue pacificado. Sin embargo, Videla tuvo que pagar cárcel acusado de casi medio millar de crímenes de lesa humanidad, mientras los terroristas volvían de su autoexilio en Europa y eran tratados como estrellas en los medios. 

Tampoco Pinochet logró escapar del largo brazo de la justicia progresista, y fue arrestado en Europa por instancias del famoso juez Baltazar Garzón. Tras un largo litigio recuperó la libertad; pero de vuelta en Chile, un juez dictaminó que, a sus 90 años, Pinochet era idóneo para enfrentar un juicio que lo condenaría por 35 años. Y lo puso en arresto domiciliario. Pero si esto parece exagerado, no olvidemos que el ex presidente peruano Francisco Morales Bermúdez, a sus 99 años, sigue perseguido por la justicia progresista, acusado de formar parte del supuesto Plan Cóndor, que habrían ejecutado gobiernos latinoamericanos de los años setenta para librarse de la peste de las guerrillas y del terrorismo de izquierda que asolaba la región.

Claro que la mejor muestra de la justicia progresista fue la que vimos en el Perú cuando Fujimori fue emboscado por el progresismo en una farsa judicial, en la que su condena ya había sido preparada antes del proceso. El juez San Martín sacó de la manga un inusitado recurso que ni el fiscal Avelino Guillén había imaginado, e introdujo la figura del “autor mediato” para condenar a Fujimori a la pena máxima de 25 años por crímenes en los que no tuvo absolutamente nada que ver. Adicionalmente, en la sentencia le agregó la etiqueta de “lesa humanidad” para asegurarse de que no lo favorecieran con un indulto. Es decir, el juez del progresismo fue al mismo tiempo fiscal, juez y verdugo de Fujimori.

Pero no siempre la justicia progresista fue tan sutil. En otros tiempos, cuando la izquierda andaba armada por Latinoamérica, simplemente ejecutaban a los expresidentes, como ocurrió con Anastasio Somoza, a quien ubicaron en su exilio de Asunción. Le dispararon con una bazuka al auto en el que iba, despedazándolo sin piedad. Hoy, por fortuna, la justicia progresista va a las cortes y usa jueces que tienen mejores modales.