Inseguridad: El problema es Humala

En su último mensaje, el presidente se resiste a liderar lucha contra el crimen

En su último mensaje a la nación, el presidente Ollanta Humala hizo algunos anuncios positivos en materia de lucha contra la inseguridad ciudadana, pero lamentablemente dejó en claro que no piensa ejecutar ni liderar las reformas institucionales necesarias para acabar de raíz con ese grave problema que afronta el país.

El presidente presentó como uno de los mayores logros de su gobierno en materia de seguridad ciudadana el haber destinado más de 700 millones de soles en mejorar la infraestructura de la Policía Nacional (PNP) y también la aprobación de algunas normas dirigidas a contrarrestar la ofensiva actual del crimen organizado.

Muy bien las mejoras en infraestructura de la PNP, pero el problema que arrastra esa institución es institucional y se expresa en décadas de corrupción en todos sus niveles, una descomposición que brinda impunidad al delito ¿Se puede resolver este problema con más autos patrulla, motocicletas, equipos de comunicación o refaccionando o construyendo comisarías?

En cuanto a las leyes aprobadas, nadie puede poner en duda la buena intención del presidente, pero tampoco podemos dejar de señalar que leyes contra el crimen es lo que más existe en el país. El problema es que no se aplican porque la corrupción también está arraigada en las instituciones encargadas de administrar justicia: El Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Bien que se tipifique el delito de sicariato y que se le imponga una pena mínima de 25 años, pero ¿quién le garantiza al país que esas leyes serán aplicadas o solo serán materia de un comercio más costoso de impunidad para los delincuentes en los pasillos judiciales?

El presidente Ollanta Humala no entiende que el cargo que ejerce va mucho más allá de ser el jefe del Ejecutivo. Es, además, Jefe de Estado, es decir líder de la nación, Primer Mandatario, a quien le corresponde liderar al país y a sus instituciones para alcanzar los objetivos nacionales y enfrentar las amenazas contra el país.

Nadie pretende que el jefe del Ejecutivo interfiera en la autonomía de los otros poderes del estado, pero sí es posible que el Jefe de Estado exhorte e inste, en el nombre de la Nación, a las instituciones encargadas de administrar justicia para que asuman una actitud proactiva, transparente y protagónica en la lucha contra la delincuencia. Y también es posible que el Presidente de la República abra y promueve un debate nacional sobre las reformas institucionales que se requiere en esas instituciones del estado.

Pero, sobre todo, el Presidente debería liderar activamente, en todo el país, la movilización ciudadana que ha surgido espontáneamente para enfrentar la ofensiva del crimen, en los distritos limeños de San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores y El Agustino, también en Trujillo, Casma, Chimbote, San Martín, etc., y que se extiende a todo el país.

En síntesis, en su último mensaje de la Nación, el presidente confirmó que no ha entendido ni entiende la dimensión compleja del problema de la inseguridad, lo asume como un asunto policial-legal; y tampoco ha entendido que su principal papel como jefe de Estado es liderar a la nación. Una lástima porque parece que así acabará su mandato

 

Por Víctor Robles Sosa