Inseguridad: ¿Dónde está el Congreso?

Incapacidad del Gobierno es oportunidad para que Legislativo se reivindique. 

En esta columna hemos sostenido que es imposible contener el desborde de la delincuencia y del crimen organizado si las instituciones del Estado involucradas en el problema no se alinean bajo una sola estrategia con objetivos políticos claros. Este esfuerzo requiere de un liderazgo nacional que el actual Presidente se niega a asumir. Ante este vacío, le toca al Congreso de la República encarar el problema y ayudar a resolverlo o al menos a encaminar la solución, que pasa por un conjunto de reformas institucionales indispensables. 

Lamentablemente, en todos estos años el Congreso se ha puesto de perfil ante el mayor problema del país. En vez de evadirlo debe ver la crisis de seguridad como una oportunidad para remontar la altísima desaprobación popular que enfrenta, y reivindicarse así ante la gente. 

A la oposición le corresponde ir más allá de la protesta o la crítica al ministro del Interior de turno y formular alternativas para ganar la guerra con el hampa. Es imposible pedirle que sustituya al Gobierno, pero sí que impulse, por ejemplo, la creación de una comisión legislativa que convoque a expertos en la materia para actualizar los diagnósticos y lograr acuerdos políticos a favor de las reformas que se necesitan para acabar con el mal desde la raíz. Es decir, lo que este gobierno debió hacer apenas llegó al poder, el 2011. 

El Congreso debió hacerlo hace tiempo, apenas el gobierno renunció a atacar los males estructurales que son caldo de cultivo de la delincuencia. Pero no es tarde para que lo haga. El objetivo es acabar con la corrupción en la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el INPE, y donde más sea necesario. El diagnóstico actualizado y los acuerdos de una comisión multipartidaria para la seguridad ciudadana allanarían el camino para que el próximo gobierno inicie de inmediato, el 2016, las reformas que derroten a la delincuencia. 

Mientras tanto, el ministro del Interior Luis Pérez ha declarado que no hará reformas y tampoco resolverá la corrupción institucional diaria, que él considera “micro”, pero que es la que más sufren a los peruanos y la que ha liquidado la confianza ciudadana en la PNP. Es la coima en calles y comisarías. Después de 3.5 años de gestión de Pérez en el INPE, la corrupción “micro” sigue imperando en los penales y estos son centros de planeamiento de muchos crímenes perpetrados por asaltantes y sicarios. 

“Es que no podemos tener a la mitad de la policía vigilando que la otra no coimee”, ha dicho Pérez Guadalupe. Estamos avisados, el Ejecutivo ha tirado la toalla en la pelea contra el hampa. Le toca a la oposición llenar ese vacío político. Si el gobierno no tiene una estrategia contra el crimen, y tampoco le interesa tenerla, la oposición está obligada a encarar el problema, desde el Congreso. Ya mismo.   

Por Víctor Robles Sosa
24 - Feb - 2015