J. Eduardo Ponce Vivanco
Inermes frente a un Congreso nefasto
Estado de Derecho y equilibrio de poderes en receso
“Y líbranos de este Congreso, amén” se titula la brillante columna de Roberto Abusada (El Comercio 14/5/2020) en que describe una situación de extrema gravedad para la salud de la República como consecuencia de la irresponsable hiperactividad legislativa del nuevo parlamento. Basta entrar al enlace http://www.congreso.gob.pe/pley-2016-2021 para comprobar el desmadre que reina en un Congreso donde la inexperiencia, la ignorancia y la audacia se dan la mano, con total desprecio por el futuro del Perú. Los proyectos de ley listados en el enlace muestran esa “vorágine populista jamás antes vista; las leyes se aprueban sin el requerido paso por las comisiones pertinentes y, como si fuera poco, se las exime de la segunda votación: el mecanismo último de reconsideración”, que denuncia el Presidente del Instituto Peruano de Economía, advirtiendo que “cualquier recuperación dependerá de la restauración de la confianza para consumir e invertir (…) que no está de modo alguno presente en la actualidad y estará aún peor cuando este Congreso termine de arruinarla con su cortoplacismo, su clientelismo y su desbocado populismo”.
La gravedad de esta amenaza contrasta con una visible indiferencia ciudadana sobre el peligro de haber elegido a congresistas que ni siquiera han leído el Reglamento que los rige (artículo 70 y ss), y que lo incumplen sin vergüenza alguna, a pesar que tiene fuerza de ley.
Estamos pagando caro el malogrado experimento de una reforma política parchada y frustrada, con un resultado tan amorfo y defectuoso como este Congreso que sustituyó al anterior, superándolo notoriamente en sus estropicios. Entre los parlamentarios improvisados y extravagantes que se instalaron en las curules de la Plaza Bolívar fue un factor de tranquilidad que la primera mayoría recayera en Acción Popular, el partido de Fernando Belaunde Terry. Lamentablemente, sus más reconocidos exponentes (Diez Canseco, García Belaúnde o Barnechea) han abandonado totalmente a sus correligionarios elegidos, que contribuyen a destrozar la imagen del único partido tradicional exitoso en las recientes elecciones.
La situación descrita por Abusada no solo es angustiante por describir la dinámica de un Legislativo desquiciado sino porque evidencia que los ciudadanos estamos indefensos frente a la ruptura del equilibrio de poderes (o control recíproco conocido como checks and balances) que la Constitución consagra, como consecuencia de la visible indiferencia para hacer valer el sistema de control de la constitucionalidad establecido en la Carta Magna.
Si el Ejecutivo nacional considera improcedentes y negativas leyes como las de las AFPs o aquella que elimina el pago de los peajes, tiene la obligación perentoria de observarlas. Más aún. Tiene el deber de recurrir ante el TC para que las declare inconstitucionales, y siente jurisprudencia obligatoria sobre esas y otras transgresiones que el Congreso ha cometido, y se propone seguir cometiendo.
No es suficiente que el Presidente Vizcarra critique las barbaridades legislativas que perpetran los parlamentarios. Como Primer Magistrado de la Nación tiene la obligación de contestarlas en la instancia jurisdiccional correspondiente (TC) a través de las acciones de garantía previstas en la Carta Política y el Código Procesal Constitucional. Porque no es posible que los congresistas elegidos por el pueblo actúen como les venga en gana sin que nadie levante una ceja. Y si el Jefe de Estado no quiere asumir la responsabilidad moral de cumplir ese cometido fundamental en defensa la Nación y su futuro, tendremos que exigir que lo haga el Defensor del Pueblo, tal como lo manda el primer artículo de su Ley Orgánica, que lo faculta a ejercer las acciones previstas en el artículo 9.2. de la misma.
Lo que los ciudadanos NO podemos permitir es que los poderes públicos no se sometan a la Constitución y las leyes como si viviéramos en un país donde no rige el Estado de Derecho.
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