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Cómo los terroristas acabaron como “víctimas” y el estado “criminal”

Cada cierto tiempo, en esta república bananera se arma una pequeña conmoción en redes cuando un terrorista da declaraciones, cuando otro es liberado, y cuando las ONGs inician un nuevo proceso ante alguna corte internacional contra el Perú. Esta vez ha sido la liberación de Peter Cárdenas Schulte. Pero no se la crea, de ahí no pasamos.

Durante la lucha contra el terrorismo, la izquierda, la caviarada hippie y los partidos no se atrevieron a enfrentar ni a Sendero ni al MRTA. Fueron incapaces de resolver el problema. Defendieron a los terroristas, a quienes consideraban guerrilleros que luchaban por la justicia social abriéndole el vientre a mujeres embarazadas, asesinando a campesinos frente a sus hijos, colgando a autoridades rurales en las plazas, dinamitando los cuerpos de quienes se oponían a ellos como Maria Elena Moyano. Aterraban poblaciones enteras, ensangrentaron el país con la excusa de la lucha armada y la defensa de los oprimidos.

Fujimori redujo a Sendero y al MRTA a su mínima expresión, apresó a sus líderes y pacificó el país. Pero luego vendrían las izquierdas y la Corte IIDH promoviendo beneficios para los terroristas, por un sesgo ideológico, lo que motivó que el Perú se retirara de la competencia contenciosa de esa corte. Lamentablemente, el Paniaguato no respetó el acuerdo de la Mesa de Diálogo de la OEA de retornar a la Corte IDH con reservas para los casos de terrorismo y narcotráfico.

El Perú se concentraría en el crecimiento económico, en creernos el milagro peruano y olvidar que durante años vivimos con velas, sin agua, con cinta adhesiva en las ventanas, con bombas y sangre como música de fondo. Con campesinos, soldados y policías, empresarios y opositores, “ajusticiados” por Sendero y el MRTA.  

Una ideologizada CVR creada prematuramente, omitió el requisito de imparcialidad de los comisionados (en mayoría de izquierda), y  excluyendo un mecanismo de control y rendición de cuentas, publicaría un informe final que sostiene que las FFAA y policiales ejercieron una “práctica sistemática de violación de DDHH”; que calificó a Sendero como “partido político” y a los años de violencia terrorista como “conflicto armado interno”. Así, le dio a Sendero la calidad de fuerza insurrecta en un conflicto armado, en lugar de establecer claramente y sin lugar a dudas que fue un grupo terrorista.

El Presidente Paniagua, padre de la CVR, sostuvo, tras leer el informe, que "no se les puede considerar dentro del más elemental concepto de partido político, ni equiparar jurídica y políticamente a Sendero con los partidos. (..) Es un absoluto menosprecio por las instituciones que se enfrentaron a esa organización criminal.” Y sobre las posiciones de Sofía Macher adoptadas por la CVR sostuvo "deben ser revisados. Errar es humano." Algo que el establishment prefiere olvidar.

Toledo, junto con García Sayán, aplicaron una política de allanamiento ante la CIDH, liberaron e indemnizaron terroristas y construyeron el Ojo que llora. Y para legitimarse borraron al terrorismo de la conciencia colectiva y nos convencieron de que el verdadero culpable había sido el Estado violador de DDHH.

La conciencia moral, como Gran Hermano, controló el país, y los medios y convencieron al Perú que su versión es la verdad. Hoy los terroristas son liberados porque permitimos que una corte ideologizada nos obligara a volver a juzgarlos, rebajarles penas y otorgarles beneficios. La paradoja es que el esfuerzo que hicimos como país para acabar con el terrorismo quede catalogado como un esfuerzo dirigido por un Estado violador de DDHH mientras que los terroristas hayan quedado como las víctimas.

Por: María Cecilia Villegas