Gabinete ministerial perjudica al país

En marzo del 2018 Martín Vizcarra asumió la presidencia en circunstancias complicadas para el país. Su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), se había visto obligado a renunciar por graves señalamientos sobre actos de corrupción cometidos en su ejercicio como ministro en el gobierno de Alejandro Toledo y relacionados con obras otorgadas a la cuestionada empresa brasileña Odebrecht. Pero no solo heredó el malestar ciudadano hacia la clase política, sino también una enorme carencia de reformas sectoriales que habían quedado postergadas desde el gobierno de Ollanta Humala.

El horizonte de gobierno que tenía al iniciar el mandato, de 40 meses, era tiempo suficiente para tomar un derrotero reformista. Los temas a desarrollar revestían alta complejidad técnica, por lo que requería conformar un gabinete con gente con conocimientos técnicos, tino político y sin señalamientos de corrupción, que ya era en ese momento un tema de alta sensibilidad para el ciudadano.

La realidad fue completamente divergente de esa necesidad, y en los casi dos años de gestión se ha visto en la necesidad de relevar a 34 ministros. Y a la fecha están en capilla dos más, los titulares de las carteras de Producción y de Transportes y Comunicaciones. Además, la recientemente nombrada ministra de Energía y Minas tiene serios cuestionamientos por su pasado en actividades mineras dudosas, y puedo decir que está en lista de espera.

No me encargaré de hacer juicio de valor sobre la honestidad o deshonestidad de los ministros relevados, esa es tarea del ámbito judicial. Me referiré a la gestión, pues no solo estamos camino a continuar con el magro crecimiento del PBI del 2.1%, sino que esta gestión gubernamental tiene 16 meses de duración, tiempo demasiado extenso para que la economía camine por inercia, como ha venido ocurriendo. 

Los sectores donde se juega el crecimiento –Producción, Transportes y Comunicaciones, y Energía y Minas– han estado marchando a la deriva. Ni siquiera hablo de políticas de cambios, sino de la gestión diaria.

En Producción, hay una industria manufacturera en crisis desde hace varios años, pesca con comportamiento errático y el ministerio está confrontado con los agentes económicos. 

En Transportes, la construcción se viene desarrollando con empresas relacionadas con el Club de la Construcción, la impunidad campea y las voces de manejo corrupto en los mandos medios se propaga a gritos en el sector. 

En Energía y Minas los grandes proyectos mineros han sido puestos en la congeladora. La ley promotora de la exploración y explotación de hidrocarburos está en estado catatónico, el faraónico Proyecto de Modernización de Refinería Talara (PMRT), está desbocado en costos. Mientras que el megaproyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP) está en una encrucijada. Tal como se han planteado las cosas desde el Estado estamos en camino inexorable de adjudicarlo para pagar la demanda arbitral por US$ 1,980 millones que ha planteado Enagás en el CIADI.

Este apocalíptico escenario es realidad pura y dura. Preveo que el Gobierno llegará a julio del 2021 con una economía muy complicada, signada por un crecimiento magro, un conjunto de exfuncionarios en procesos judiciales por corrupción, con un PMRT con cifras impresentables, y un GSP que, si se otorga en este período de tiempo, será materia de cuestionamientos por competencia insuficiente. Se necesitan plazos de no menos de 18 meses para tener varios postores.

La ministra de Economía y Finanzas cargará con una pesada herencia. Tendrá que sincerar cifras y señalar culpables en el PMRT; y como presidenta del Directorio de Proinversión, enrutar el GSP al margen de la presión que clama celeridad.