Evitemos un Estado fallido

¿Cómo pasamos de crecer entre 7% y 8% anual a menos de 2% en los últimos meses? La siguiente reflexión es sobre si vamos a poder atender las demandas sociales en salud, educación y calidad de infraestructura,necesarias para seguir creciendo, generar empleo productivo y reducir la pobreza. La respuesta no parece ser la más alentadora.

Los gobiernos de Humala, Kuczynski y Vizcarra han argumentado que los precios de nuestros principales productos descendieron. Pero la economía mundial se había recuperado y el Perú creció por debajo del promedio alcanzado por los demás países. Cuando se habla de un promedio se oculta que hubo mejores y peores administraciones. Ciertamente las denuncias de corrupción, en las que se han visto envueltos más de un ministro, presidente de gabinete ministerial y más de un mandatario, demuestran que estos funcionarios, además de las faltas éticas, cometieron delitos; peor aún si encima resultaron ineficientes.

Un Estado que no promueve el crecimiento, brindando predictibilidad y seguridad a la inversión, se convierte en una institución calificada de alto riesgo, porque en el mediano plazo generará descontento ciudadano. Ya sea por el aumento en los índices de desempleo o por la ineficiencia y la dilación en la toma de decisiones, que impide satisfacer de manera oportuna las demandas de la ciudadanía.

El Perú estuvo a punto de convertirse en un Estado fallido a principios de los años noventa, como consecuencia de inadecuadas políticas económicas, una reforma agraria fallida y la política de sustitución de importaciones. Todo ello trajo como consecuencia la pérdida de productividad del campo y generó una industria ineficiente, que se beneficiaba de un mercado cautivo por las barreras establecidas a las importaciones. El descontento social motivó las protestas, y los sectores más radicalizados optaron por la estrategia de la violencia para capturar el poder. La crisis económica generó el descontento social que sirvió de campo de cultivo para movimientos terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA.

Lo que podría ocurrir en el Perú en los próximos años tiene responsables. Pero más allá de atribuir culpabilidades a quienes corresponda, el país tiene que seguir creciendo para no volver a ser considerado un Estado fallido. ¿Con desempleo creciente, escuelas públicas en mal estado, una reconstrucción del norte que no avanza en la magnitud que se requiere, con fenómenos climáticos azotando las poblaciones del sur y con un inadecuado servicio de cuidado y prevención de la salud estaremos en condiciones de afrontar la pandemia del coronavirus?

Dicen que las crisis estimulan la creatividad y emergen ventanas de oportunidades para tomar decisiones de gobierno que permitan recuperar el tiempo perdido. Lo hemos hecho en el pasado. Recordemos que en 1990 el Perú tenía reservas negativas; es decir, no había ahorros en el Banco Central de Reserva, se registró una inflación de 7,650%, se presentó la enfermedad del cólera y el terrorismo continuaba atentando contra la precaria infraestructura pública y privada. Pese a todo ello, el Perú registró el menor número de muertes por dicha enfermedad, pero hubo decisión de gobierno para cambiar el rumbo del país.

Se puede recuperar prontamente el crecimiento, ¡sí!, facilitando la inversión, evitando que grupos minoritarios extorsionen a la inmensa mayoría de la ciudadanía y brindando seguridad. Un mensaje claro e inequívoco de quien se asume jefe de Estado percola como decisión política a todas las instancias del aparato estatal. No se trata de dar ventajas ni prebendas, se trata de articular y echar a andar al Estado en favor de la ciudadanía. La inversión del sector privado representa el 80%, mientras que la inversión pública solo el 20%. Por eso el PBI no crece en la medida esperada.

Si el Estado dejase de otorgar licencias de construcción y de declarar conformidad de obra, y a cambio acepta una declaración jurada de sus ciudadanos, con cargo a regularización posterior, verá cómo el sector privado empieza a cerrar brechas y disminuirá la informalidad, además de abrirse ventanas para brindar servicios de salud y educación superiores a los que se ofrecen a la ciudadanía. Por otro lado, el nivel de exigencia normativa para un privado no puede ser superior al que están sujetos los organismos del Estado, porque eso crea una distorsión que no estimula la competencia en beneficio de los consumidores.

¿El presente o el próximo gobierno estarán dispuestos a asumir el desafío?