Estado de derecho y elecciones

Debilidad institucional en tiempos electorales

Al escribir estas líneas, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no había anunciado su decisión respecto de las candidaturas de Julio Guzmán y César Acuña. Días antes, Keiko Fujimori, candidata con mayor opción, ensayaba en Arequipa un discurso indulgente frente a los anti-mineros. Y Alfredo Barnechea, candidato con opción si Acuña y Guzmán salen de carrera, sostuvo un intercambio de palabras con PPK por proponer que se renegocie (¿unilateralmente?) el gas. Verónika Mendoza, por su parte, defendía el régimen de Maduro e insistía en la vieja propuesta de cambiar el régimen económico de la Constitución.

La situación electoral y las propuestas de los candidatos reflejan pues la debilidad institucional en la que nos encontramos, después de dos décadas de ignorar la realización de reformas institucionales y, sobretodo, después de haber permitido que el Estado crezca, debilitando su papel para impulsar el desarrollo.

Las idas y venidas entre el JNE y el Jurado Electoral Especial (JEE) que cambió de parecer sobre un mismo tema, son el reflejo de la debilidad del sistema electoral, piedra angular del sistema de organización política. Las fallas de procedimiento de Todos por el Perú (TPP) son sintomáticas de la debilidad de los “partidos políticos”: le faltó el oficio que le sobran al APRA y al PPC que, a pesar de (o justamente en razón de) ser tan tradicionales y duchos en tachas, se sitúan a menos de un tercio de intención de voto del novato Guzmán.

Las calles inundadas de carteles de candidatos individuales al Congreso confunden y anuncian Congresistas a los cuales no habrá cómo pedirles rendición de cuentas. La ausencia de distritos electorales uninominales más pequeños es además un factor que debilita la formación de partidos nacionales. Todo producto de la ausencia de una clase política capaz de proponer una reforma ajena a cálculos mezquinos.

Los candidatos que le hacen el juego a quienes impiden ilegalmente paralizar grandes proyectos mineros son parte del desmadre institucional. Primero, porque esos proyectos, aparte de ser falso que dañen el medio ambiente o sean incompatibles con el desarrollo de la agricultura, serían una fuente de mejora de ingresos para las poblaciones. Esto, obviamente, con la condición de que el Estado esté en capacidad de convertir los impuestos en obras y apoyo al desarrollo local (cosa que no sucede y que es lo que hay que reforzar). Segundo, porque es miope e irresponsable creer que se ganan votos atacando a la empresa y enarbolando un discurso indulgente frente a quienes atacaron policías generando cuatro muertos y cuyo líder está preso por chantajista.

Por último, quienes proponen cambios en las reglas de juego que han funcionado, en lugar de enfocarse en lo que ha funcionado mal, nos proponen buscar un remedio peor que la enfermedad. El régimen económico de la Constitución y los Tratados Internacionales, ha sido el único soporte institucional al desarrollo de la economía de mercado en el país, gracias al cual la pobreza se redujo de más de 60% a poco más del 20% de la población en los últimos 20 años. Lo que hay que hacer es fortalecer la capacidad del Estado para proveer a los ciudadanos de seguridad, justicia y servicios básicos. Pero ello solo se logra impulsando mas no entorpeciendo el desarrollo empresarial, única fuente válida de ingresos para el fisco. De lo contrario caeremos en una contradicción similar a la de “canon sí, mina no”.

El Estado de Derecho brilla por su debilidad en estas elecciones. Ojalá sea solo el calor del debate y no el anuncio de días peores.

DANIEL CORDOVA