Esquizofrenia parlamentaria

Nuestro Congreso solo hace una pantomima de ejercicio fiscalizador

La nueva representación parlamentaria que ha iniciado su primera legislatura ordinaria tiene que enfrentar un serio problema. El Congreso, el primer poder del Estado y encargado de la fiscalización de los otros poderes, sufre de una patética esquizofrenia. Es el antro de la ineficiencia, los privilegios dorados y la ausencia de control; frente a ello, sus representantes se han hecho de la vista gorda, mirando a otro lado, mientras se llenan la boca con discursos en defensa de la democracia latinoamericana, la moralidad y la necesidad del equilibrio de poderes.

Un reciente informe periodístico del diario Expreso, publicado el domingo 7 de febrero, ha desnudado la naturaleza del poder unicameral creado por el fujimorismo, para supuestamente evitar el despilfarro del régimen bicameral. Sin embargo, 24 años después, el Congreso ha terminado convertido en una verdadera agencia de empleo, sin ningún tipo de control por parte de la Contraloría y menos con capacidad de autocontrol. El Congreso cuenta con 4,224 empleados, a razón de 32 trabajadores por cada parlamentario. El crecimiento burocrático ha sido de un 500% en comparación con el parlamento de dos cámaras que teníamos hasta el mes der abril del año 1992. Durante los últimos cinco años el crecimiento del gasto presupuestal total del Congreso ha crecido anualmente en un 40%; una cifra realmente escandalosa, pero que nadie se atreve a auditar.

La página web del parlamento es una de las peores del Estado. No hay suficiente información presupuestal, del personal contratado, de compras o de adquisiciones. Y, lo que es peor, no se exponen diariamente y con la suficiente amplitud los procesos de producción legislativa que emergen de las diversas comisiones y del propio hemiciclo. El Congreso, durante los últimos veinte años, no ha ganado ningún premio de buenas prácticas de gobierno, tal como si exhiben otras dependencias del Estado. Y pobre de aquel contralor que quiera realizar una rigurosa auditoria sobre sus estados financieros y administrativos. Pronto le inventarán investigaciones profusas y prolijas, a manera de chantaje, para maniatar cualquier auditoria.

De remate, y como para ponerle la cereza a la torta, la administración del Congreso ha perdido más de S/. 105 millones por juicios laborales. Es decir, casi todos los procesos judiciales con los trabajadores los pierde, con lo cual la dorada planilla congresal aumenta cada mes y cada año de manera exponencial. El parlamento gasta una millonada para tener su propio Canal de TV, medio que solo ven los parlamentarios, sus familiares y amigos más íntimos.

El 95% de las acusaciones contra parlamentarios, ministros y ex jefes de Estado quedan en nada, mientras la producción legislativa en términos cualitativos deja mucho que desear. Por otro lado, diversos informes periodísticos han demostrado la manera en que el Congreso gasta cientos de millones de soles en comisiones investigadoras que quedan casi en nada, salvo el morbo periodístico por la supuesta moralidad de un ente con esquizofrénico comportamiento. Generalmente se apela a la estrategia de dejar para el final de cada legislatura o de cada mandato de gobierno las investigaciones de acusación constitucional, para “ganar tiempo”, cansar el ojo avisor de los acusadores o de la investigación periodística, y luego garantizar la impunidad. Son los mismos métodos y estilos que se usa en la judicatura morosa extendida al Congreso.

Con honrosas excepciones, nuestro Parlamento es —en gran medida— un espacio teatral para una pantomima de ejercicio fiscalizador y que en términos efectivos no ha cambiado la imagen desprestigiada del Congreso que arrastramos, con el enorme costo que ello significa, ya desde hace varias décadas; incluso desde antes del autogolpe del 5 de abril de 1992.

Lo ciudadanía no se percata de que la existencia de dos cámaras en el Congreso —de diputados y senadores— lleva en sí misma también la virtud no solo de contar con una cámara de representantes revisora de las leyes aprobada por los diputados, sino que también permite una competencia entre ambas sobre la eficiencia para ejercer las potestades de legislar y fiscalizar. En cambio, el unicameralismo termina por crear un despotismo disfrazado de pregón democrático. Un pregón cuyo lenguaje, a veces estridente, solo sirve para el ejercicio mediático cotidiano; pero no para mejorar la performance del tan venido a menos primer poder del Estado.

Neptalí Carpio