En pie de guerra

Han sido 17 meses que marcaron nuestra vida. Meses en los que cundió el mayor miedo posible, el miedo a la impunidad, a la impotencia de sentir que destruyen tu patria sin que el Congreso ni la Fiscalía hicieran nada para impedirlo. Vivíamos sometidos a un Gobierno que hacía lo que le daba la gana, sin escrúpulos ni legalidad; nada les importaba. Quedó claro que Castillo no iba a gobernar para todos los peruanos y menos para los que pensaran diferente. Desde el primer día de gobierno escuchamos “confrontación”, “lucha de clases” y “asamblea constituyente”. Un mensaje revanchista y lleno de odio, proclamado en cuanta plaza se presentaban las autoridades del Ejecutivo.

Muchos pensamos que Perú Libre buscaba cambiar el régimen económico de la Constitución, satanizando el libre mercado y buscando derogar el rol subsidiario del Estado en la economía. Es decir la vuelta al estatismo fracasado de Velasco Alvarado. Estábamos equivocados. El empeño indesmayable del Gobierno, su insistencia en la asamblea constituyente, traía escondido su verdadero propósito: la creación de la nueva República del Sur. Es decir, la escisión del territorio patrio, la patria pluricultural, la libre determinación de los pueblos, la balcanización del Perú.

El plan preparado en el foro de São Paulo tiene en Evo Morales a su principal coordinador. El pasado 28 de diciembre se reunieron en la ciudad de Arequipa al menos quince dirigentes regionales, quienes llegaron a diversos acuerdos plasmados en un acta. Entre los acuerdos alcanzados en el Primer Encuentro Macroregional Del Sur, se pretende paralizar el país, tomar Lima, invadir el Congreso y liberar al sátrapa corrupto y golpista, y simultáneamente sabotear la economía del Perú bloqueando todo el sistema vial. Ahí está el acta firmada por al menos quince dirigentes regionales. Hay responsables entonces. 

Simultáneamente el mismo 28 de diciembre el fiscal provincial Arturo Mosquera Cornejo, titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa, inició la diligencia preliminar contra Felipe Raymundo Domínguez por su propuesta para crear la República del Sur; es decir hacer independiente a una parte del país. Son comportamientos que constituyen el delito de atentado contra la seguridad nacional y traición a la patria. Así está estipulado: : “Un colectivo de personas que se organiza y se arroga una atribución del estado, al extremo de promover una secesión”. Esta diligencia preliminar se debe hacer extensiva a los firmantes del acta de Arequipa y a todo azuzador que proponga mutilar la patria, o destruir por la fuerza la institucionalidad. La pena mínima es de 15 años de cárcel.

Finalmente, en conferencia de prensa dada en la ciudad de Arequipa, conjuntamente por la máxima autoridad del Ejército, la Policía Nacional y la Fiscalía, se precisó que las Fuerzas Armadas tienen una “organización modular”, preparada para dar apoyo a la PNP. Pero en caso de atentar contra un activo estratégico, o atacar propiedad pública o privada, el Ejército, en su organización modular, responderá a estos actos violentos considerándolos como ataques terroristas, y dará la respuesta necesaria para someter al enemigo. 

El Perú no puede indemnizar a las víctimas de los disturbios sin que primero se investigue si sus muertes se debieron al ataque contra las comisarías o aeropuertos. Estamos amenazados, en medio de un ataque contra el Perú. Nos han declarado la guerra, se acabaron las medias tintas, y los atacantes no pueden ser premiados. Si se producen víctimas en medio de la legítima de la sociedad, los atacantes serán los únicos responsables. ¡Basta de perseguir a nuestros defensores como lo han hecho a lo largo de 25 años contra los héroes de Chavín de Huántar! Los 33 millones de civiles y la policía también tenemos derechos humanos. Paremos el cinismo. Es el momento de defender nuestra libertad, ¡cueste lo que cueste!