¿En manos de colaboradores eficaces o de la ley?

"No hay mayor tiranía que la que se perpetra bajo
el escudo de la ley y en nombre de la justicia". Montesquieu

Hace más de tres meses que Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y algunos de sus asesores más cercanos entraron en prisión de forma preventiva por orden del Poder Judicial. La decisión se basó, según las resoluciones judiciales, en declaraciones de algunos testigos protegidos y colaboradores eficaces.

A la fecha existen en poder de la Fiscalía de la Nación numerosos testimonios (provenientes de fuentes similares al caso de la lideresa de Fuerza Popular) sobre diversos personajes de nuestra política local que estarían implicados en actos de corrupción vinculados con la empresa Odebrecht. Dentro de los casos más representativos tenemos los de los últimos expresidentes: Toledo, Humala y García. También destacan dentro de las nuevas colaboraciones eficaces y testimonios los que implicarían a la exlideresa del Partido Popular Cristiano (PPC) y los que implicarían al equipo de campaña que acompañó a PPK en la ruta hacia la presidencia; incluido el actual presidente Martín Vizcarra por supuestamente haber sido testigo de la entrega de US$ 100,000 a su partido por parte de un miembro del llamado “Club de la Construcción”.

Injustamente hasta el día de hoy la única persona privada de su libertad es Keiko Fujimori, en base a testimonios cruciales (de acuerdo a los fiscales) realizados por testigos protegidos. Esta perspectiva fiscal nos deja con una idea confusa y poco transparente acerca de la manera como se está manejando la justicia en el Perú; especialmente si se considera que en los demás casos no se ha actuado de la misma manera, ni en lo que respecta a la celeridad ni a la importancia concedida a dichos testimonios.

No estamos pidiendo que se encarcele a cada uno de los personajes mencionados por los colaboradores eficaces o testigos protegidos (a menos que exista razón para ello). Pero es necesario que el sistema de justicia muestre coherencia en sus actuaciones, puesto que si esas colaboraciones son suficientes para que a una persona se le imponga una prisión preventiva de 36 meses entonces se debería actuar de forma similar en todos los casos. Y si, al contrario, se considera que no hay evidencia o veracidad suficiente en lo que afirman dichos colaboradores, entonces ningún ciudadano debería sufrir prisión mientras se comprueba si los colaboradores dijeron la verdad y sustentaron sus afirmaciones con pruebas.

Reiteramos: hay que proceder con cautela y profesionalismo a la hora de evaluar dichas colaboraciones. Es tarea del Ministerio Público y del Poder Judicial corroborar las denuncias realizadas y evitar la violación de las garantías constitucionales que protegen a cualquier persona investigada por la supuesta comisión de un delito.

Para que un sistema de justicia garantice a todos sus ciudadanos el respeto de sus derechos constitucionales más elementales se requiere que la justicia sea predecible, que los delitos se encuentren tipificados y que la justicia sea imparcial. De lo contrario, estamos creando una situación de inseguridad jurídica que tiene su mayor reflejo en la arbitrariedad y en el abuso.

Si ante testimonios similares y supuestas entregas de grandes cantidades de dinero —evadiendo cualquier control legal—, y en algunos casos detentando cargos públicos o sacando provecho de las estructuras partidarias, la Fiscalía de la Nación no toma acción alguna entonces es evidente que estamos frente a una falla del sistema de justicia. O frente a una inacción arbitraria que incluso podría considerarse delictiva.

No podemos llevar a cabo una lucha frontal contra la corrupción cuando esta no se dirige realmente a atacar el problema. O si solamente se trata de encerrar a algunas cuantas personas para dar la apariencia de justicia, y quedarse de brazos cruzados ante las arbitrariedades cuando los perjudicados son los rivales políticos.

La justicia debe ser equilibrada y, valga la redundancia, justa. Es el momento de corregir errores, especialmente si estos afectan la libertad de las personas. No le hace bien a la lucha contra la corrupción ni a nuestra democracia encerrar a los opositores políticos usando mecanismos arbitrarios e ilegales. Es hora de parar el abuso y actuar con justicia y equidad. El país y la coyuntura así lo exigen.