En defensa de la institucionalidad, hasta el final

Sin duda la institucionalidad es el atributo esencial de un Estado de derecho. Consiste básicamente en garantizar la separación de poderes y el respeto irrestricto de las facultades que ostentan estos poderes. Se ha desarrollado en la doctrina una diversidad de alcances o conceptos sobre la institucionalidad, pero el punto de coincidencia o consenso pasa por entender su configuración en la distribución político-administrativa, entendiéndose como aquella necesaria división de poderes. Esta distribución permite la creación de los organismos que debieran cumplir los fines del Estado, poniendo todo el aparato político-administrativo al servicio de las personas para la realización plena de sus derechos. 

La institucionalidad de un país se encuentra configurada en su Carta Política, donde se han consignado las reglas para el correcto funcionamiento de los poderes que lo conforman, y también se contemplan los mecanismos para corregir cualquier transgresión que pudiera ocurrir. Una forma de afectar la institucionalidad es proponer soluciones no contempladas en la Carta Política —o peor aún, que la contravienen expresamente—, pues ello supondría plantear soluciones al margen del cauce constitucional. Es justamente la institucionalidad la que obliga a los gobernantes y a las autoridades en general, a apegarse a las “reglas de juego”, lo contrario resultaría arbitrario y sería ajeno a nuestra forma constitucional de gobierno. 

El señor Vizcarra, presidente constitucional de la República en funciones, ha planteado el adelanto de elecciones como una presunta salida a la crisis política que vive nuestro país, pasando para ello por la aprobación de una reforma constitucional. Sin embargo, la solución que nos plantea el señor Vizcarra no encuentra asidero en nuestra Carta Política, por lo que no se encuentra arreglada a nuestro marco institucional. 

Construir institucionalidad implica respetar nuestro marco constitucional, respetar a los electores y a los elegidos, y afrontar situaciones que expongan nuestras debilidades, a efectos de poder superar las situaciones que se puedan originar, tal como sucede en la actualidad. Estos escenarios nos permiten reflexionar sobre los riesgos que implica tomar un camino diferente, que llevaría a adecuar la “institucionalidad” a las situaciones coyunturales, como ha pasado en este último año; todo ello en el marco de un discurso y espíritu refundacional, que lo único que genera es una mayor profundización de la situación de conflicto. 

Los países que han respetado su institucionalidad se encuentran instalados en lo que llamamos países desarrollados o en vías de alcanzar tal condición. En cambio, los que han jugado a la refundación política cada cierto periodo han sumido a sus pueblos en el subdesarrollo y el clientelismo. Ante esta situación debemos hacer la elección correcta, así ello involucre una transición compleja que los líderes políticos deben procurar transitar con soluciones negociadas.

Otra grave daño a la institucionalidad ocurre cuando utilizando recursos públicos se encuentran formas y prácticas para ejercer presión sobre el sistema judicial en su conjunto. Todo ello, según lo señala María Sol Navia, “hace que la democracia y su ejercicio pleno (…) se vaya minando hasta corroer la esencia misma del concepto y sus principios fundamentales”. En efecto, es obvio que en nuestro país la política se ha judicializado y se usa la justicia en situaciones más que evidentes, como una herramienta para atacar a los adversarios. Bien lo señala Navia, hay instituciones fuera del Estado, como son los medios de comunicación, que tienen el deber ineludible de ser imparciales, de respetar la opinión diferente o contraria, para garantizar con ello la ausencia de presión o interferencia de cualquier índole.

Nuestro país requiere de instituciones sólidas para la plena vigencia de un Estado de derecho, en donde el respeto a los derechos fundamentales de las personas sea el principio esencial para el desarrollo nuestra democracia hasta su consolidación. Es justamente aquello que debemos procurar. En la coyuntura por la que atraviesa nuestro país, las opciones que debemos evaluar ante el planteamiento de adelanto de las elecciones deben partir de la defensa de la institucionalidad.

La crisis actual lamentablemente nos retorna, desde el punto de vista social, a la percepción que ha trasuntado a lo largo de nuestra historia, muy bien expresada por Luis Pásara: “(…) ha penetrado profundamente en nosotros los peruanos, una extendida sensación de derrota, proveniente de percibir la conformación sísmica del país que periódicamente se derrumba, sin que quede huella, de lo que se creyó haber construido”.

El país demanda de sus autoridades trabajo conjunto y la defensa de la institucionalidad. Demanda además un cese a la confrontación para dar espacio al diálogo y a una agenda mínima de reformas de cara al Bicentenario. El Perú merece un esfuerzo conjunto por escucharnos, merece eso y más.