Elecciones 2021: un contexto dramático

A pocos días de vencer el plazo establecido por la Ley General de Elecciones, el presidente Vizcarra finalmente firmó el decreto que llama a las urnas para el 11 de abril del 2021. De inmediato, sus allegados, han salido a señalar que eso descalifica a quienes decían que Martín Vizcarra se quiere mantener en el poder y que, por tanto, no calza en el concepto de “dictador”. Tal vez. Pero todo tiene sus matices.

Llego a la conclusión de que Martín Vizcarra no actúa con transparencia. Hay una serie de hechos para corroborarlo. Desde el impactante silencio mediático sobre los errores del Gobierno en materia económica y de lucha contra la pandemia, hasta la forma como se desarrolló el último proceso electoral, que nos condujo al actual Congreso y en el que, a través de diversos mecanismos, se hizo lo posible para que los adversarios del Gobierno no obtuvieran una curul.

La convocatoria del presidente no se limita al día de elecciones. Se refiere a un proceso; es decir, a un conjunto de actividades que se van a desenvolver en un marco tan dramático que solo podría tener comparación con los eventos electorales de la década del ochenta en el siglo pasado. En efecto, para abril del 2021 estaremos viviendo los efectos de la lucha contra la pandemia en los ámbitos sanitario, económico, de seguridad y político, fundamentalmente. En este último punto habría que agregar la poca credibilidad del mandatario, que en ningún momento ha aclarado la reclamada diferencia de 354% (sí, 354%), existente entre el número de muertos oficial y lo que registran investigadores diversos. En ese sentido, no veo diferencia entre el líder populista que minimiza los efectos del Covid-19, ridiculizando a la enfermedad, de aquel que desinforma a la población respecto al número de víctimas para atribuirse éxitos que no le corresponden. Uno y otro confunden irresponsablemente a la ciudadanía relajándola en sus controles y cuidados. 

Hay otro elemento importantísimo que no podemos dejar de lado: el jurídico. Jueces y fiscales podrían poner su cuota para sembrar desconcierto entre los votantes o, particularmente, descalificar con entusiasmo “judicial” a algunas personas que pretendan ocupar una curul o llegar a la Presidencia de la República. Si tomamos en cuenta lo visto en el último año, el ámbito de interferencia judicial no puede ser descartado.

Nuestro país ya vive el resultado de una pésima y mal llamada “reforma política”, que lo único que ha logrado es empobrecer el ámbito institucional del país. Impulsada sobre la base de amenazas, y no del debate de las ideas, tanto en el sector justicia como el político se sufre la consecuencia de los cambios en un conjunto de leyes, desordenados y sin un objetivo en común. La convocatoria a elecciones quita incertidumbre al conjunto, pues las reglas deberán permanecer estables, en la medida de lo posible, de aquí al 11 de abril del 2021. Lo recomendable es evitar cambios en el marco normativo en temporada electoral, pues los resultados suelen ser negativos. En tanto, lo que corresponde es permanecer vigilantes para que el Ejecutivo y los poderes fácticos actúen con la objetividad que el país reclama y no intenten manipular la voluntad popular.