El problema está en los monopolios

El problema generado por el alza galopante de las medicinas para mitigar los efectos del Covid-19 no radica principalmente en el acaparamiento, la especulación o el abuso de las farmacias. El origen está en la existencia de un monopolio de la industria farmacéutica y de la cadena de comercialización. La concentración monopólica de nuestra economía no empezó con la Constitución de 1993 sino que surgió, aunque parezca contradictorio y no lo quiera aceptar un sector de la izquierda, en los años sesenta y en el propio régimen velasquista en los años setenta. 

Ni en los años en que estuvo en vigencia la Constitución de 1979 (desde 1980 hasta 1992) ni con la Carta Magna vigente, Congreso alguno se atrevió a aprobar una ley antimonopolios. Incluso los propios izquierdistas, que se llenan la boca contra la actual Constitución, tuvieron la imaginación para presentar un proyecto de ley de esa envergadura durante los últimos 50 años. Solo bastaría repasar el libro actualizado de Carlos Malpica Los Dueños del Perú, publicado el año 1984, para corroborar esta situación. Eran los tiempos en que la izquierda hablaba de la existencia de una burguesía nacional monopólica, surgida precisamente entre los años sesenta y setenta del siglo pasado. Varios líderes empresariales que hicieron fortuna en esos años, se mantienen hasta hoy, con nuevas ramificaciones en nuestra estructura productiva, como lo demuestra, Francisco Durand, en su libro Los nuevos dueños del Perú. 

Es cierto que el presidente Vizcarra promulgó en noviembre de 2019 el Decreto de Urgencia Nº 013-2019 que establece el “control previo de operaciones de concentración empresarial”, basándose en los artículos 58 y 61 de la Constitución vigente (artículos de contenido antimonopólico); como también es cierto que, en febrero del 2019, se promulgó el Decreto Legislativo Nº1034 que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. La mala noticia es que ambas normas ya eran tardías. Se dieron en un momento en que gran parte de nuestra economía ya está altamente monopolizada y, como se sabe, las normas legales no son retroactivas.

Prueba de lo afirmamos son las diversas declaraciones de los entendidos en la materia. Por ejemplo, Ana María Jiménez, presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias (Aspefar), señala que, desde el año pasado, ellos están obligados a tener en los puestos de venta el paracetamol y la azitromicina, como medicamentos generales, los cuales son dos productos básicos en este tratamiento del Covid-19. Esto se hizo para un mejor acceso de la población a los medicamentos. Sin embargo, esta disposición no tiene efecto, porque el problema no está en las boticas y farmacias, sino en el monopolio que compra todos los medicamentos de laboratorio y deja desabastecido a las 15,000 farmacias y boticas que existen a nivel nacional. En consecuencia, obligar nuevamente (a incluir los genéricos), como lo ha anunciado el gobierno, es solo una decisión lírica. 

En el caso de los medicamentos genéricos, los monopolios los guardan, los esconden, los especulan. Mientras un genérico está a un S/ 1.20, ellos venden sus productos de marca a S/ 20. Y es este el tema que el Estado debe corregir. Esta situación no ocurriría si en el Perú hubiera libre competencia, con la participación de 12 o 15 grupos económicos que compitan libremente en el mercado de importación, fabricación, comercialización y venta de medicinas. En ese caso, sería la propia competencia la que regule los precios hacia abajo, tal como ocurre, por ejemplo, en el caso de la telefonía celular, en diversos productos de manufactura o productos alimenticios. 

En consecuencia, el origen del problema no es constitucional, porque tanto la Constitución de 1979 y la de 1993 vigente postulaban en el régimen económico la necesidad de evitar la concentración monopólica, que se profundizó durante los últimos 20 años, con el nuevo modelo económico. Mientras el Artículo 133 de la carta magna de 1979, señalaba en su capítulo de régimen económico que “están prohibidos los monopolios, oligopolios, acaparamientos, prácticas y acuerdos respectivos en la actividad industrial y mercantil. La ley asegura la normal actividad del mercado y establece las sanciones correspondientes”; el artículo 61 de la Constitución de 1993, postulaba la “Libre competencia”, estableciendo que “El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios”. La cuestión vital es que, para que esos artículos no queden solo como enunciados principistas, los congresos posteriores debieron aprobar la correspondiente ley antimonopólica. Y, es eso, lo que no se hizo en el momento oportuno. 

Como se puede observar, desde el año 1979 hasta la fecha han estado vigentes dos constituciones, han pasado nueve gobiernos, nueve representaciones parlamentarias de diversas tendencias ideológicas y, sin embargo, ninguna agrupación o coalición de fuerzas se atrevió a aprobar una ley antimonopolios, tal como sí ocurre en otros países –EE.UU., Brasil, Chile, Colombia, México, etc.– donde existen regulaciones para combatir la concentración económica empresarial y financiera. Una de las primeras leyes antimonopolios se dio precisamente en EE.UU., con la llamada Ley Sherman Antitrust, promulgada en julio de 1890. Cabe recordar que fue la primera medida del Gobierno federal estadounidense para limitar los monopolios. El acta declaró ilegales los trusts, por considerarlos restrictivos para el comercio internacional.  

En el Perú, la tradición mercantilista y rentista siempre bloqueó esta posibilidad. Ahora, es cierto que por fin tenemos una ley; pero nuestra economía ya está altamente monopolizada. Por lo visto, otra vez llegamos tarde a la historia.