El pacto de los justos

El crimen organizado como desafío global a la gobernabilidad democrática

La imagen de las puertas del Palacio Nacional de la Ciudad de México en llamas ha recorrido el mundo. Igual que la sorpresa horrorizada con la que se conoció el asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en manos de una de las bandas del crimen organizado que asolan el país azteca. Detrás de ello está un negocio valuado en 17,000 millones de dólares, que es lo que se calcula cuesta en calle la goma de opio que Iguala acopia, empaqueta y exporta, como lo he contado aquí mismo.

Las protestas nos dicen que la crisis continúa. Lo ocurrido marca un antes y un después en el sexenio de Peña Nieto. Aunque los hechos han ocurrido en un estado y un municipio gobernado por la izquierda, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), hoy sumido en una crisis moral ya inocultable, su ocurrencia ha puesto en cuestión un aspecto medular del emplazamiento estratégico del gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a saber, la decisión de subvalorar el reto que para la gobernabilidad democrática suponen las bandas criminales.

Al inicio de su mandato el presidente, confiado en que un muy pensado paquete de reformas económicas y políticas contenido en el Pacto por México desataría procesos que generarían un contexto distinto que poco a poco resituaría la importancia y la magnitud del crimen organizado, realizó pocos ajustes en materia de lucha contra éste, alguno de importancia, pero en general dejó que la inercia de las cosas continuara hasta que altas tasas de crecimiento, más un esfuerzo persistente de inclusión social, hicieran su trabajo. El Pacto por México excluyó la seguridad. Y no por olvido. Fue una decisión estratégica. Una apuesta de tiempos.

La idea ganó legitimidad a partir de una muy mala lectura que algunos intelectuales hicieron de la realidad brasileña, ese espejo en el que miden, al sur, los logros y los fracasos del desarrollo mexicano. Brasil, decían, con tasas de homicidios por cada cien mil habitantes mayores que las de México, lograba una proyección internacional que fortalecía su crecimiento y su desarrollo. El secreto, decían: Lula, sus líderes, sus medios de comunicación no hablaban de la violencia. Ergo, México debía echar la basurita bajo la alfombra mientras el impulso reformador proyectaba otra imagen internacional. Los sucesos de Iguala han hecho añicos esa idea. Han mostrado que bajo la alfombra no se había acumulado solo polvo. También cenizas, restos óseos de cientos de cadáveres. Sangre y sufrimiento. Pérdida de control territorial y sociedades locales secuestradas. Y han puesto en crisis los planes del gobierno. A la mitad de su mandato, Peña Nieto está obligado al reajuste: de equipo, de prioridades en la agenda, de metas.

El crimen organizado del narcotráfico es un reto global a la gobernabilidad democrática. México está en el ojo del huracán. No en vano Roberto Saviano ha situado allí su último libro Cero, cero, cero. Y podemos extraer algunas lecciones. Primera, una crisis de seguridad puede trabar el mejor plan de crecimiento económico y desarrollo incluyente. Segunda, el reto no puede ser ignorado. Hacerlo agranda el problema. Tercera, el maquillaje le hace el juego al crimen. Se requiere una política de estado que lo enfrente. Cuatro, nada funciona si no hay un “pacto de los justos”, un pacto transversal de las elites políticas, económicas, sociales e intelectuales que exprese su voluntad indubitable de eliminar a las bandas criminales –¡su dinero!- y sus aliados, de sus filas. Y ello aán no ha ocurrido. No en México. Tampoco en el Perú. Ocurrió en Colombia. Por eso venció.

Por Jorge Nieto Montesinos

(11 - nov - 2014)