El Gobierno en su laberinto

El Gobierno de las izquierdas aún no tiene claro el rumbo que le debe dar al Poder Ejecutivo. Se supone que el Gobierno vela por la integridad nacional, por el bienestar de la población, por el respeto a las leyes que permiten un ordenamiento adecuado para garantizar una convivencia pacífica y armoniosa. Sin embargo, parecería que el Ejecutivo aún no es consciente de que el camino más adecuado para alcanzar el desarrollo es generar condiciones de estabilidad jurídica y política que otorguen una cierta previsibilidad a los agentes económicos, lo que promueve las inversiones, la generación de empleo y, por consiguiente, la reducción de la pobreza.

Las izquierdas siguen sometidas al yugo de la ideología marxista de mediados del siglo XIX. Están atados al Manifiesto Comunista de 1848, y creen que eliminarán las “clases sociales” mediante el despojo de la propiedad a quienes han superado la pobreza. El resultado de esa propuesta ha sido todo lo contrario a lo que se supone que alcanzarían: Cuba, Venezuela, Nicaragua no son países con un nivel de desarrollo deseable ni sus pobladores disfrutan de un deseable nivel de bienestar.

Sucede que las “democracias” comunistas, las anheladas por las izquierdas en el Gobierno, no creen en la alternancia en el ejercicio del poder, por eso optan siempre por el cambio de la constitución para perpetuarse en él. ¿Por qué ocurre y ocurrirá esto? Porque llegan al poder con una buena campaña publicitaria orientada a la reivindicación social, que siempre resulta atractiva para un sector de la población, al que le prometen que si llegan al poder sus condiciones de vida mejorarán. Pero eso solo acontece para quienes ocupan/copan el aparato del Estado.

Los gobiernos de las izquierdas nunca logran el objetivo prometido por una sencilla razón: no les preocupa la mejora de la calidad de vida de la población sino el ejercicio del poder en sí mismo.  Además, en el caso del Perú, han generado una crisis de credibilidad, al manifestar públicamente que desean cambiar la norma que ha garantizado la reducción de la pobreza durante casi 30 años (hasta antes de la pandemia).

Mientras que otros países se dedican a atraer inversiones (inclusive los que pertenecieron a la órbita comunista antes de la caída del Muro de Berlín, en 1989, y que experimentaron por varias décadas el fracaso del dicho sistema), los partidos de las izquierdas en el Gobierno deciden ahuyentarla e incentivar conductas como las tomas de carreteras, la obstaculización de las vías de comunicación y otras que están penadas por el ordenamiento jurídico penal. Parecería que la actitud del gobierno al respecto es “dejar hacer, dejar pasar”; y peor aún, destinar recursos del Estado para proporcionar defensa legal a quienes están detrás de estas acciones, tal como ha ocurrido con los acuerdos arribados para suspender el bloqueo de la mina Las Bambas, algo totalmente alejado del ordenamiento legal.

En conclusión, promoción de la violencia social, quiebre de la confianza, la disminución de la inversión, menor generación de empleo, empobrecimiento general de la población y, para colmo de males, incremento de la inseguridad ciudadana. Ahora, ¿alguien cree que el Gobierno de las izquierdas está gobernando para el pueblo?