El falso derecho a la educación

La naturaleza económica de la educación y el papel del sector privado

En el mundo contemporáneo es inconcebible alcanzar el desarrollo sin una educación de calidad que fomente la innovación y el cambio permanente.

Por eso no es extraño que la mayoría de gobiernos en el último siglo haya emprendido reformas para garantizar el “derecho a la educación” desde el nivel básico hasta el superior. Ya sea a través de la enseñanza gratuita –para buscar que la sociedad tenga acceso universal al sistema educativo sin importar si el individuo es rico o pobre–, y también mediante la exigencia de requisitos mínimos para prestar servicios educativos, en aras de asegurar la calidad de la enseñanza.

Estas “buenas intenciones” desde el estado no son de por sí negativas, pero los políticos han usado este “derecho social” para satanizar a la educación privada y para adoctrinar a los estudiantes desde su formación básica, enseñándoles a odiar al mercado tergiversando la historia.

A pesar de esto, la iniciativa privada ha demostrado ser mucho más eficiente en cuanto a oferta educativa se refiere. Para nadie es un secreto que la educación privada resulta ser –en la mayoría de los casos– de mejor calidad que la pública, pues la competencia ha creado los incentivos suficientes para mejorar en la prestación del servicio.

Lamentablemente las reformas educativas planificadas por el estado  continúan mal enfocadas, pues se parte de una concepción equivocada: se considera a la educación un derecho. La educación no es un derecho sino un bien económico escaso que se intercambia en el mercado y que tiene una demanda de parte de las personas que la consideran indispensable para satisfacer sus necesidades. Este bien inmaterial tiene un valor económico y para adquirirla hay que pagar un precio. La educación, entonces, atendiendo a su naturaleza no es gratuita, ni puede serlo. Alguien tiene que pagar por ella; ya sea el usuario directo del servicio privado o el estado a través del presupuesto que anualmente destina a este sector y que es financiado por las contribuciones de todos los ciudadanos.

Al igual que todos los demás “derechos sociales” –como  la salud, el trabajo o la vivienda–, la educación es una exigencia de beneficios materiales que un determinado grupo exige a otro sin ofrecer una contraprestación a cambio. Se trata, pues, de falsos derechos, en virtud de los cuales se coacciona a otros a trabajar para satisfacerlos.

Todo lo contrario ocurre con los auténticos derechos humanos como la vida, la libertad y la propiedad, los que no son otra cosa que derechos negativos, ya que no tienen la naturaleza de bienes económicos, y lo único que se exige a los demás es abstenerse conductas que los afecten.

En ese sentido, es fácil darnos cuenta que el problema de la educación no es un tema de asignación y defensa de derechos, sino más bien un problema integralmente económico: de asignación de recursos que debería ser asumido exclusivamente por el sector privado. El estado debería participar solo para subsidiar la demanda de los estudiantes de escasos recursos mediante vouchers educativos, tal como funciona con éxito en Suecia, Singapur o Corea del Sur, países con el más alto nivel de educación.

 

Por: Fernando Vigil