El espejismo de la reforma política

He de confesar que me pareció un muy buen signo que en el pacto para conformar la mesa directiva del Congreso –cuya fecha de instalación nadie conoce, dicho sea de paso, y nadie parece sorprenderse u horrorizarse de eso–, no participe el Partido Morado, cuyo extremismo gobiernista lo elevará muy pronto a la categoría de mesa de partes oficial. Sin embargo, mi ligerísimo entusiasmo se apagó pronto. El Acuerdo de Gobernabilidad firmado por estos partidos repite el mismo eslogan vacío: priorizar la llamada «reforma política». Esperemos que no sea más que un saludo a la bandera.

¿Qué haría un Congreso responsable e independiente respecto de tan cacareado pero complejo asunto (pues involucra, si nos atenemos al Informe Tuesta, doce reformas, cuatro de las cuales son de carácter constitucional)? Pues simplemente reconocer su condición transitoria (y también la de Vizcarra) y dejar las cosas como están. O en el mejor de los casos, utilizar su poder de reforma constitucional para volver a las reglas de juego del 2016, y permitir que el pueblo elija la propuesta programática de reforma política –o no– de la fórmula presidencial y de los congresistas que mejor le parezca. Y centrarse en temas más urgentes como resolver la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, fiscalizar a un gobierno que, aun antes de que se instale, ya empezó a chantajearlo con quitarle su seguridad. Y más hercúleamente aún, ponerse a revisar los casi cotidianos decretos de urgencia que el gabinete Zevallos promulgó durante el interregno, algunos de los cuales parecen ser abiertamente inconstitucionales. Todo, en un año y medio. Pero parece que el nuevo congreso ha caído en el espejismo de la «reforma política». 

¿Fue elegido el señor Vizcarra para hacer esta reforma? ¿Estaba en sus propuestas electorales? ¿Confió el pueblo en ellas y por eso votó masivamente por él y, además, por un Congreso con una mayoría absoluta suya para que las realice sin mayor inconveniente? La respuesta es evidente. Nadie eligió a Vizcarra como presidente. Y en las propuestas de los partidos que ganaron la elección del 2016 (PPK y Fuerza Popular) no se encontraba esbozada ninguna reforma política de características tan amplias como las que el gobierno pretende imponer. Quizá algún ingenuo pretenda decirnos que el referéndum del 2018 sí fue una manifestación del «deseo» mayoritario del pueblo a favor de la reforma. Más allá del hecho evidente de que las preguntas fueron tendenciosas y que casi nadie entendía en lo que consistían(*), ¡lo cierto es que incluso esos resultados pseudovinculantes contradicen en varios aspectos las propuestas del Informe Tuesta, que el gobierno quiere imponer! Por último, según la última encuesta de Ipsos solo el 18% de los peruanos cree que el Congreso debería priorizar la «reforma política», siendo la sexta prioridad, casi al último. Así que no es algo que el pueblo exija, desee o siquiera le preocupe. 

Revisemos la paridad y la alternancia. ¿Alguien cree que porque la mitad de las candidatas en las listas sean mujeres se garantizará algo? ¿Qué pasaría, pongamos el caso, con un partido que tiene 130 mujeres exitosísimas y capaces y quiere postularlas? ¿Tendría que descartar a la mitad por decisión, no del electorado, sino del Estado? 

Veamos ahora las famosas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Países hermanos tan destacados y libres de toda mácula de corrupción política como Argentina las vienen aplicando ya desde hace varios años. Según esta propuesta, las elecciones primarias para elegir a los candidatos de cada partido al Congreso serán abiertas a todos los electores y si los partidos no alcanzan a tener un 1.5% de participación del electorado no podrán participar en las elecciones generales.

En el caso de las elecciones al Congreso, las primarias decidirán el puesto de los congresistas en la lista de las elecciones generales, que será cerrada y sin voto preferencial. Supuestamente esto se hará para evitar que el voto preferencial debilite a los partidos. ¡Pero lo único que hace es trasladar la pugna cainita del voto preferencial a las elecciones primarias! El sentido común diría que, si se desea acabar con el voto preferencial que lanza a los candidatos de los mismos partidos a combatir entre sí se debería de establecer la elección congresal por distritos uninominales, como en Gran Bretaña. 

Por otro lado, la participación en las elecciones primarias será obligatoria. Escúchalo bien, peruano, el Estado te arrastrarán un domingo de tu casa una vez más con la amenaza de una multa draconiana. Tres veces ahora en los años electorales. Se pretende ignorar que la principal causa de la corrupción política y de la baja calidad de la representación son las campañas electorales. Vamos a tener entonces otra agotadora campaña electoral con electorados masivos, que dinamitará a los candidatos jóvenes u «honrados» y beneficiará aún más a los empresarios políticos o a los representantes de intereses creados y, en todos los casos, agotará las maquinarias partidarias. 

Un individuo cósmico-histórico como Haya de la Torre, con un millón de votos en 1978, presidió la asamblea que crearía la institucionalidad del país por los siguientes quince años, en una asamblea donde debatían el romanista Cornejo Chávez, el filósofo-poeta Polar Ugarteche, el ciceroniano Chirinos Soto y el enciclopédico Sánchez Y aunque no nos fue tan bien con esa constitución, parece que fue un monumento literario significativo. En cambio, con la supuesta desinstitucionalización maligna de los noventa ha gozado la nación de paz y crecimiento, limitados y modestos quizás, pero mayores a los que se gozaron en cualquier momento después de 1968. 

De todo esto nos hubiera salvado un Congreso obstruccionista. Pero el Congreso anterior dejó dócilmente pasar el referéndum absurdo, las cuatro leyes iniciales de la reforma –entre ellas la torpe e inútil prohibición de la reelección – y otros desaguisados impuestos por el Ejecutivo. E igual acabaron disueltos, condenados falsamente como obstruccionistas, vituperados e incluso agredidos físicamente por las portátiles oficialistas. Que se vea en ese espejo el Congreso nuevo. No quisiera pensar que un partido organizado y antiguo como Acción Popular se vaya a prestar a aceptar mansamente «reformas» que acaben reduciéndolo a la insignificancia y fortaleciendo solamente a la burocracia estatal electoral, en manos de oenegés siniestras y otras societés de pensée. 

El Congreso y los partidos que lo lideran tienen no solo el derecho sino el deber de presentar una propuesta propia de reforma política, sin tener que tomar en cuenta o, peor aún, aceptar sin dudas ni murmuraciones un ukase impuesto, entre gallos y medianoche. Se lo deben a sus representados.

* Quien escribe estas líneas estuvo en las alturas de Puno, en la provincia de Melgar, el día de las elecciones por la tarde y pudo comprobar que, en un muro comunal dedicado a poner avisos de servicio comunitario y otras comunicaciones de carácter oficial, se había pintado la consigna de Vizcarra para el voto en el referéndum, como si se tratase de las instrucciones de un trámite estatal obligatorio. Así fue como se engañó al pueblo.