El enfoque de la Reforma Educativa y la “revolución social”

Un par de semanas atrás se presentó la premier Mercedes Aráoz ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Realizó la exposición de la política general del Gobierno, de cara a su gestión, planteando medidas para lograr la ¨revolución social¨, que fuera planteada en el plan de gobierno de PPK, especificando una serie de lineamientos de acción en tal propósito. El término revolución social es sugerente y algunos columnistas ya se han ocupado de los alcances que implica.

Las reformas que requiere el país para construir una sociedad con equidad deberían pasar por acometer las reformas en educación; formalización, que implica aspectos laborales; salud; seguridad; y fomento de la inversión. Sin duda ocuparse de cada uno de estos aspectos implicaría un debate muy amplio, por ello en esta entrega nos ocupamos de la educación, con la finalidad de evidenciar que el planteamiento que se explica en los lineamientos del documento presentado por la PCM —Juntos y seguros por la revolución social— tiene un problema de enfoque, que esperamos en su ejecución pueda corregirse.

El Gobierno debe tornar la reforma —o la continuidad de ella, si la hubiera— hacia la calidad de la educación, siendo el gran reto para lograr una sociedad con equidad. La educación es la mejor herramienta de política pública para permitir un desarrollo equitativo de la sociedad, es el gran catalizador de la movilidad social y la mejor inversión para el desarrollo del país. Reiteramos lo señalado en una entrega anterior: debe contemplarse un mecanismo específico que aborde el problema de la calidad y que enfoque su implementación en sectores con desfase muy evidente de calidad. En dicho enfoque coincide la evaluación realizada por la OCDE, que precisa que “es importante que en la expansión educativa de calidad se prioricen las escuelas de los entornos más desfavorecidos, donde los estudiantes están expuestos a múltiples factores de riesgo”.

Podría demandar algunos recursos adicionales, pero tenemos una nueva coyuntura económica internacional que se ha tornado favorable y puede permitir destinar recursos adicionales para atender los aspectos vinculados a la calidad de la educación. Joseph Stiglitz señala que “lo que separa a los países desarrollados de los menos desarrollados no solo es la diferencia en recursos, sino la diferencia en conocimientos, razón por la cual la inversión en educación y tecnología —en gran parte pública— es muy importante”.

Igualmente, la OCDE precisa que para cumplir con la función pública de proveer un servicio educativo de calidad, pilar fundamental del contrato social en el Perú, se necesitan mayores recursos públicos. El actual esquema permite abordar la calidad de la educación con otro enfoque al planteado por la PCM, la gran herramienta debería ser el bono escuela, que se asigna a todo el equipo docente y directivo de los centros educativos para trabajar conjuntamente en la mejora de desempeño, que debe centrarse en la calidad.

Existe consenso de que el motor de cambio de la educación es el docente, por ello se requiere incorporar docentes con mejor formación. Pero existen agentes de cambio absolutamente relevantes, que son los directores, a quienes se le debe prestar especial atención por todas las implicancias que ello conlleva. Y que se explican con claridad en las apreciaciones expresadas por Hernández de Toro en una reciente publicación en un medio de prensa, concordante con las líneas de acción planteadas por la OCDE para la mejora de la calidad de la educación en el Perú.

El documento de la presentación de la PCM ante el Congreso vincula la mejora de la calidad de la educación a la ampliación de jornada escolar, ampliación de la cobertura y la evaluación de los estudiantes. Pero este enfoque —a decir de los especialistas— no cambiará sustancialmente las condiciones de la calidad de la educación. Ya tenemos niveles de acceso de 94% y 80% para primaria y secundaria, respectivamente, cercano a los niveles de los países OCDE. Pero en el lado opuesto —señalan— tenemos que el desfase de escolaridad o nivel de educación es superior a los dos años entre estudiantes de los centros urbanos más importantes respecto de ciudades intermedias de algunas regiones; y obviamente es mayor respecto de las escuelas rurales, la más alta de los países de la región, lo cual resulta discriminatorio justamente para los niños y jóvenes que mejor educación deben recibir para ya no ser parte del bolsón de pobreza.

Si la reforma en la educación no gira su enfoque hacia la calidad, nuestros niños y jóvenes seguirán siendo receptores de contenidos educativos que solo permiten engrosar ciudadanos al mercado laboral de la informalidad y a los espacios de pobreza.

Si el Perú desea realmente ser parte de la OCDE, nuestra pretensión en materia educativa, como muchos ya lo hemos señalado, no debe ser acceder a la media de los países de la región. Debemos hacer la apuesta por tener una educación de calidad realmente, del nivel que presentan Chile o Colombia. La propia OCDE pone en evidencia que estamos muy distantes, y la diferencia se mantiene significativa frente a Chile que tiene el mejor desempeño de la región.

Las herramientas existen, solo se trata de darle un cambio al enfoque. Nuestros niños y el futuro del país esperan que se haga una real apuesta por la calidad de nuestra educación.

Úrsula Letona