¿El desarrollo estará en la agenda?

La necesidad de un consenso político para impulsar el crecimiento

A poco de culminar el 2015, cabe preguntarse si la generación de bienestar y el desarrollo socio productivo del país se encuentra en alguna de las agendas de las instancias del poder o en los programas de gobierno de los partidos políticos que participarán en las elecciones generales de abril.

Hasta ahora, lo que podemos constatar es que la actual administración ha sido dubitativa respecto de la importancia de la inversión para propiciar la generación de empleo productivo e incrementar la competitividad del país. El creer que el crecimiento ya fue suficiente y que había llegado el momento de la “Gran Distribución”, se ha transformado en “La Gran Decepción”.

El crecimiento del país ha caído de 7% anual a poco más de 2 % en los cuatro y medio años del presente gobierno, magra expansión del Producto Bruto Interno que no llega siquiera a absorber a los cientos de miles de jóvenes que anualmente se incorporan a la Población Económicamente Activa; por lo tanto, la pobreza se está incrementando, aunque las estadísticas aún no lo reflejen.

¿Qué puede hacer el gobierno en los meses que le quedan? Precisamente aquello que la mayoría del país y las más importantes fuerzas políticas están proponiendo, un “shock de Inversiones”.  Pero éste no puede limitarse a la inversión pública porque su impacto en la economía es limitado en comparación al volumen de inversión que puede ejecutar el sector privado en un corto plazo.

El gobierno podría convocar a las principales fuerzas políticas para consensuar la suspensión transitoria de la aplicación de ciertas normas de carácter administrativo por los próximos tres años. De esta manera, se facilitaría la inversión pública y privada y la burocracia estatal se convertiría en un acompañante de la inversión antes que en un obstáculo casi insalvable.  Debemos convertir al Estado en un ente que confíe en la ciudadanía, en vez de establecer “requisitos para hacer”, debe recibir el compromiso del “cumplimiento de las normas” y, con posterioridad a la ejecución de los planes de las personas naturales y corporativas, supervisar el acatamiento de las mismas en un plazo razonable o sancionar ejemplarmente.

Generemos consensos para que esta propuesta se convierta en política de Estado para hacer frente a la desaceleración de la economía; por consiguiente, los distintos poderes del mismo, así como los diferentes niveles de gobierno, estarían obligados a acatar las disposiciones del gobierno nacional a riesgo de caer en desacato frente a la autoridad superior.

Así como para enfrentar la inseguridad ciudadana el gobierno decidió escuchar a la población, decretar el Estado de Emergencia y establecer un régimen de excepción para intervenir zonas consideradas de alta incidencia delictiva -lo cual ha logrado el reconocimiento ciudadano de las fuerzas armadas y policiales participantes en las acciones que se vienen implementando- el país espera del gobierno la convocatoria a la inversión (nacional y extranjera) que permita retomar en el menor plazo posible el crecimiento, la generación de empleo productivo y, como consecuencia de ello, la continua reducción de la pobreza.

Es tiempo de que el desarrollo sea puesto en la agenda del Estado.  La expectativa respecto del gobierno es la de una rectificación que lo enaltezca. El pueblo peruano es generoso y siempre ha distinguido a quienes han dado muestras auténticas de contrición.  

Por: Guillermo Vidalón del Pino