El consorcio de la mina, el agua y el bosque

El Congreso anuncia, vía la comisión de Economía, que otorgaría facultades al Ejecutivo para legislar en algunas materias tributarias, no todas. Es de suponer que esto incluye el impuesto a la renta de las mineras. Al respecto, el ministro Francke ya había adelantado que si el gobierno no obtiene las facultades delegadas, presentará al Congreso proyectos específicos para su debate. Es de suponer que lo hará en el caso de los impuestos de periodicidad anual, que deben aprobarse antes del 31 de diciembre para entrar en vigencia el 2022.

Entre estos impuestos, el más importante –si no el único–, es el de la renta de la minería, también llamado impuesto a las “sobreganancias” producidas por los precios excepcionalmente altos del cobre en el mercado global. Para este caso, Francke ha adelantado también que el proyecto que trabaja y que enviaría al Congreso dispone que las mineras invertirán ese impuesto adicional cada una en su propia área de influencia –que usualmente incluye varias comunidades andinas–, y que lo invertido sería deducible del impuesto a la renta de la empresa mineras dentro del mecanismo obras por impuestos. 

Por una oscura razón, sin embargo, el mecanismo de obras por impuestos se encuentra misteriosamente trabado. La Alianza de Obras por Impuestos (Aloxi), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la ONG Agua Limpia han elaborado un sistema de consulta. Al 15 de noviembre, el portal registra 81 obras por S/ 1,319 millones. No obstante, de los 81 proyectos solo 27 han terminado y hay apenas tres en ejecución. Ocurre que el MEF cambió las reglas de verificación para otorgar el crédito fiscal que usan las empresas en su declaración para deducir lo invertido. Si el MEF no se los da hasta abril, tienen que esperar al año siguiente. Si las empresas no pueden deducir, no ejecutan la obra por impuestos. El MEF, en suma, traba el mecanismo por razones fiscales miopes y obras por impuestos se detiene. 

Esa no fue la experiencia original. Durante el quinquenio 2006-2011 se avanzó con éxito mediante el “aporte voluntario” minero. De los S/ 2,500 millones entregados por las empresas en esos cinco años, ellas mismas ejecutaron, por convenios, el 100 por ciento. Lo comprobó la propia Sociedad de Minería en un informe, al cabo de los cinco años. Pero Humala malogró esa experiencia con un nuevo régimen tributario minero que centralizó nuevamente esos recursos, como Toledo arruinó por razones políticas la experiencia del año 1999, llamada Sierra Verde. Si hoy el Gobierno de izquierda destraba el mecanismo de obras por impuestos, podrá reivindicar en algo los desaciertos que viene cometiendo. 

Podrían finalmente tener lugar las obras de las minas en bosques y en siembra y cosecha de agua, para que el agua de lluvia en las punas penetre en el suelo. Si la propiedad del suelo, a su vez, se consolida y se da papeles a estos bienes para que puedan negociarse en las bolsas de Nueva York, Toronto, Londres, y Hong Kong (como ha propuesto De Soto al Perú y al mundo) saldremos adelante. Hace décadas que debió ocurrir. 

El futuro de la minería en el Perú y en el mundo está en los consorcios de empresas que incluyan la inversión en agua y en bosque. Será así o las poblaciones bloquearán las minas aun en su propio perjuicio.