El caso de los árbitros y el totalitarismo jurídico

El libro Los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt, fue publicado en 1951. Arendt reflexionó sobre el problema a través de los totalitarismos de Hitler y Stalin. Este concepto del mal en la acción política fue reforzado posteriormente con la publicación de Eichmann en Jerusalén: sobre la banalidad del mal. Arendt, judía alemana, siguió –como corresponsal de la revista The New Yorker– todo el proceso en contra del Coronel Adolf Eichmann. En síntesis, para Arendt, la banalidad del mal es una condición en la que personas son capaces de cometer crímenes horrendos y atroces mientras aparecen como personas bastante normales.

El lunes 4 de noviembre de 2019 el juez Jorge Chávez Tamariz, haciendo uso de esa elasticidad jurídica con la que los jueces en nuestro país vienen resolviendo las causas que ante ellos se presentan, dispuso que 14 abogados cumplieran 18 meses de prisión con argumentos que aterrarían a los propios partidarios de Stalin durante las purgas. El juez del Juzgado de Investigación Preparatoria, en una actuación dirigida más a las cámaras que a la verdadera salvaguarda del derecho, antes de emitir la decisión, pidió unos días más para poder meditar y motivar la resolución.

La decisión final de este juzgado dispone 18 meses de prisión preventiva, utilizando la práctica del copia y pega. En la resolución de Chávez Tamariz aparecen párrafos que corresponden a Pedro Pablo Kuczynski y a Gloria Kisic Wagner, quienes no tienen nada que ver con el caso de los árbitros. El Juez Chávez corrigió horas después este garrafal error, pero su desprolija actuación y su desprecio por la libertad de un ser humano eran evidentes.

Lo que sigue en la resolución debe ser conocida por todos. Hasta hoy solo se tiene una parte de esta versión, la otra permanece oculta por la indiferencia de los medios o porque los abogados optaron por mantener su versión únicamente en los expedientes en apelación. Me limitaré a evidenciar las serias inconsistencias en dos casos que conozco, los de Humberto Abanto y Luis Fernando Pebe. No pretendo decir que en los otros casos no existan inconsistencias, también las hay.

Humberto Abanto participó en tres arbitrajes entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Odebrecht. En dos de ellos el Ministerio Público no ha podido establecer siquiera una sospecha. En el arbitraje por el que Humberto Abanto padece una injusta prisión preventiva, la Fiscalía le imputa un supuesto soborno porque un colaborador eficaz sostiene que el árbitro Álvarez Pedroza le dijo a Sergio Calderón “que había repartido US$ 320,000 en partes iguales con la gente”. Álvarez Pedroza niega haber recibido el supuesto soborno y niega también haber entregado dinero a Abanto Verástegui.

Es decir, en base un dicho de terceros, y sin corroborar, se establece la prisión preventiva. Este tipo de testimonio es lo que los abogados conocemos como un “testimonio de oídas”. En cristiano se resume en: “me dijeron que dicen que le dieron”. Semejante especulación privó a Abanto de su libertad por 18 meses. ¿No es una forma de totalitarismo?

La Fiscalía también le imputa a Abanto Verástegui que existe un supuesto soborno indirecto mediante la figura de “reajuste de honorarios” que ningún ejecutivo de Odebrecht ni aspirante a colaborador eficaz ha señalado. En el colmo de las imprecisiones, la Fiscalía sostiene que Abanto Verástegui compró un departamento, una cochera y un depósito con el monto de los supuestos “sobornos”. Al respecto Abanto Verástegui ha demostrado que compró esos bienes un año antes, con un crédito hipotecario del BBVA que debe seguir pagando hasta el 2037. ¿Tanta ligereza para establecer una prisión preventiva? Basta consultar los registros públicos y desarrollar mínimas consultas bancarias para descartar la imputación.

Humberto Abanto lleva 21 días privado de su libertad en un penal de máxima seguridad acusado de un solo delito. No le corresponde estar ahí, ni a él ni ninguno de los otros árbitros. Sin embargo, en el Perú del totalitarismo jurídico está permitido que, durante la lectura de la resolución, el juez descarte tres de los cuatro delitos de la acusación del Ministerio Público (y solo se quede con el de cohecho), pero en el oficio remitido al Inpe se vuelve a consignar los cuatro delitos para clasificar a los árbitros en un penal de máxima seguridad. ¿Hitler enviando judíos a Auschwitz?

Otro caso de horror es el del árbitro Luis Fernando Pebe Romero, a quien en la resolución se le impone prisión preventiva atribuyéndole hechos que otro árbitro realizó. Por eso Luis Pebe también está en un penal de máxima seguridad. Al juez del totalitarismo jurídico no le interesó que todos los investigados hayan demostrado arraigo laboral, familiar y social. Para el juez del totalitarismo, el hecho de ser investigado es suficiente para que Pebe pretenda fugar.

Hoy la apelación está en la Primera Sala Penal Anticorrupción de Apelaciones, presidida por el magistrado Ramiro Salinas Siccha e integrada por Juan Guillermo Piscoya y Marco Angulo Morales. Los magistrados tienen la responsabilidad histórica de hacer cumplir el Acuerdo Plenario 1 - 2019, emitido por la Corte Suprema de la República, que busca garantizar los derechos constitucionales de todo investigado que comparece a una audiencia de prisión preventiva, sabiendo que las reglas del derecho le serán aplicables a todos por igual y que estas no serán impuestas selectivamente de acuerdo a lo que dicen los titulares de algunos medios.