El camino del infierno

I

A fines de diciembre pasado, el mundo recibió las primeras informaciones oficiales acerca del brote de una epidemia de Covid-19. Desde ese momento, el mundo pudo seguir las acciones de la República Popular China contra la epidemia de gripe mortal que la estaba asolando desde Wuhan. Exhibiendo su musculatura económica, el gigante asiático completó en menos de diez días la construcción del Hospital Wuhan Huoshenshan, de mil camas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) envió a China una misión de expertos encabezada por Bruce Aylward, quien declaró: “Ha sido la aplicación de lo que algunos estiman como normas básicas y viejas de salud pública con un rigor nunca antes visto en la historia. Básicamente lo que han hecho es encontrar los casos de contagio, los han aislado y han aplicado limitaciones de movimiento”.

A juicio de Aylward, cinco acciones estratégicas –“críticas” pero “esenciales”– fueron decisivas para el éxito chino en la lucha contra la epidemia de Covid-19, a saber: a) La restricción “estricta” de movimientos en Wuhan, epicentro del brote; b) Cierres de fábricas y la reanudación ordenada de la producción; c) El uso de datos para encontrar cada foco; d) Un tratamiento científico "muy ágil"; y e) Construir hospitales especializados en la lucha contra el COVID-19. 

Claro está, todo ello vino acompañado del cuidado de las necesidades básicas de la población confinada pues, por de hierro que sea la mano del Partido Comunista Chino, la convulsión social habría acompañado la lucha contra el virus si el hambre campeaba durante el aislamiento. Hoy, las cifras de contagio de Covid-19 descienden en China y todo indica que lo peor ya pasó para el gigante asiático. Sin embargo, el mal ya se propagó y hoy Europa es el centro de la infección, con la alta probabilidad de que, en breve, América la desplace sin remedio.

II

Ahora bien, ¿la receta de la República Popular China era la única viable? Quizás para el primer foco infeccioso, sí. Al menos ese parece ser el corolario de la misión de expertos de la OMS, que se ha sacado el sombrero ante la eficacia mostrada por la gran potencia asiática. Pero, Taiwán –cuándo no– vino a mostrar que existía una ruta alternativa para los países que no deseaban verse afectados por la pandemia de Covid-19 y, además, querían preservar su sistema de libertades.

¿Qué hizo Taiwán? Sencillo, no perdió tiempo desde el primer momento. Los especialistas preveían que Taiwán, con 23 millones de habitantes, tendría la segunda mayor cantidad de contagios de Covid-19. Apenas a 130 kilómetros de la China continental, era lógico pensar que sería así. Sin embargo, su gobierno optó por actuar desde el 31 de diciembre de 2019, cuando la OMS fue notificada por primera vez del coronavirus.

Auscultaron a los pasajeros de todos los vuelos directos desde Wuhan en busca de síntomas febriles o de neumonía. A partir del 5 de enero, sin contagio a la vista, notificaron al centro de control de prevención de enfermedades de cualquier pasajero de Wuhan con fiebre o infección respiratoria alta. Al 21 de enero ya habían elevado la advertencia de viaje de Wuhan al nivel 2 y activado un Cuerpo Central de Comando Epidémico.

Con el primer caso de contagio, la advertencia de viaje de Wuhan escaló al máximo nivel y cerraron la entrada de los residentes del epicentro del virus. Todos los viajeros de China, además, debían llenar una declaración de salud. Luego, suspendieron todos los vuelos a China. El cierre de fronteras o, en su defecto, los análisis de los pasajeros en los puertos de entrada se multiplicaron en cuestión de días. La inacción no fue una opción. 

Si se hallaba un contagiado, se lo ponía de inmediato en cuarentena y se le dotaba de un dispositivo móvil para rastrear sus movimientos durante el aislamiento. Si rompía la cuarentena, el dispositivo advertía al paciente que, de seguir haciéndolo, las autoridades lo buscarían. Fijaron multas y los controles se hicieron más estrictos. Los servicios sanitarios fueron mantenidos a plenitud. Así, se contaron 124 acciones concretas para frenar el brote hasta el 21 de febrero.

Taiwán mostró al mundo que, si se actúa a tiempo frente a una pandemia, no es inevitable el confinamiento de la población o la liquidación de las libertades. Cafeterías y restaurantes solo permiten el ingreso previa limpieza con gel desinfectante. Se informa todos los días sobre el avance de la enfermedad. Las escuelas siguen abiertas. Obviamente, Taiwán ha previsto que si un niño tiene síntomas, se cancelarán las clases; si se enferma, se cerrará la escuela; y de cerrarse varias de estas, todas serán cerradas. No ha necesitado hacerlo.

III

¿Y por aquí cómo anduvimos? El Reporte Covid-19, publicado por el Ministerio de Salud, da cuenta de la magnífica proactividad del gobierno y recuenta las acciones que adoptó: a) Transferimos S/ 100 millones al Minsa para reforzar los sistemas de prevención, control, vigilancia y respuesta sanitaria, desde el 16 de marzo; b) Postergamos el inicio del año escolar y universitario al 30 de marzo; c) Transferimos S/ 165 millones para kits de higiene en los centros educativos; y d) Dictamos el aislamiento domiciliario obligatorio. Todo esto, por supuesto, desde el 15 de marzo, es decir, setenta y cinco días después de notificarse a la OMS del Covid-19.

El jefe de gobierno –Vizcarra dixit–, al momento de anunciar su decreto supremo de estado de excepción, ha enfatizado que es una medida drástica, pero inevitable para vencer la crisis sanitaria que afrontamos. ¿Es eso cierto? No, es falso. Mienten quienes, como él, pretenden presentar como inevitable la decisión de confinarnos a todos en nuestras casas. Se les debe responder que, de su parte, hizo falta mucha negligencia, irresponsabilidad, ignorancia, imprevisión e inacción para llegar a este punto. 

Si el gobierno –digo, es un decir– hubiera seguido la cuidadosa y detallista política de Taiwán, no tendría que haber dictado –a tontas y a locas, por cierto– este drástico recorte de libertades ciudadanas. Una decisión que, a la luz de las declaraciones del jefe de gobierno y sus colaboradores, fue adoptada sin mayor evaluación y con una percepción casi mágica de los efectos del aislamiento social.

¿Es la opinión excesivamente cruel de un opositor recalcitrante? Lo sería si un país con siete millones menos de habitantes que el Perú y separado por solo 130 kilómetros del primer y más grande foco infeccioso de Covid-19 no hubiera evitado llegar a semejantes extremos. ¿Significa esto que, como ha ocurrido, debemos desobedecer el decreto supremo de aislamiento social obligatorio? No, sería suicida. La ineptitud y falta de iniciativa de quienes detentan el poder político ha creado una situación de altísimo riesgo para la salud de todos que, a estas alturas, no puede tener otra respuesta efectiva. 

El problema es que la medida fue dictada sin calcular sus efectos y, cuando se apunta eso, las respuestas de los voceros del Ejecutivo son dos: una, que los enemigos del gobierno quieren que fracase, aun a costa de un alto número de muertos; y otra, que es una experiencia inédita y, por lo tanto, habrá que ir mejorándola progresivamente.

La primera respuesta ni siquiera vale la pena comentarla. La segunda sí amerita réplica. Es un deber estatal calcular cuidadosamente los efectos que las medidas extremas pueden tener. Era obligatorio estimar si la población obedecería espontáneamente la medida o si serían necesarias medidas coercitivas. No se hizo. También contemplar sus efectos en la PEA que forma parte del sector informal y los desempleados. Tampoco se hizo. Menos se pensó en qué pasaría con los pasajeros frente al cierre de las fronteras y el aislamiento social obligatorio, y si las empresas de transporte aéreo y terrestre resistirían la tentación de aprovechar la oportunidad. Tremenda imprevisión. Los aeropuertos están atiborrados de pasajeros abandonados. Ni se diga de la reducción automática del transporte urbano en Lima y la falta de prevención de saqueos, que han menudeado en las zonas populosas. Todo ha sido hecho sobre la marcha, sin orden ni concierto.

Epílogo

El resumen es breve. En primer lugar, si quienes detentan el poder político en el Perú hubieron cumplido con su deber, no habríamos llegado a los extremos que hemos llegado. En segundo lugar, si iban a aplicar una medida drástica debieron calcular sus efectos en su real magnitud y cubriendo todas las variables. En tercer lugar, que llegados a este punto no hay más remedio que asumir el costo, pero dejando claro quiénes los causaron.

Finalmente, el oficialismo dice que trabaja por el Perú y por la salud de todos, sin cálculo político alguno. Curiosamente, en el Twitter se multiplican mensajes con el mismo texto que se refiere a Vizcarra como uno de los presidentes que ha afrontado una de las etapas más difíciles de la historia del Perú y aún así mantiene la calma. Así que, muy seguramente, no hubo cálculo de las consecuencias de su decisión, pero cálculo político no les faltó.

Cabrá concluir que no solo de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, sino también de una ambición política y una ineptitud tan desmedidas como las que todos hemos atestiguado en este caso.