El ambientalismo en el próximo Gobierno

El tema medioambiental no ha sido tocado en la campaña electoral; es árido para el elector masivo, y no será en ningún momento tema que ocupe el centro del debate. Sin embargo, sí será trascendente en el ejercicio de gobierno, pues nuestro PBI tiene un importante componente en el extractivismo: solo el sector minería y petróleo suman el 14% del PBI. 

El ambientalismo se viene presentando en la agenda pública como una dicotomía: herramienta para obstrucción de la inversión en el pensamiento de los empresarios, y mandamiento para la salvación del planeta para quienes se oponen a las industrias extractivas. No obstante, una visión panorámica de la realidad local nos puede alejar del extremismo pernicioso.

Percibo tres ejes de discusión: las decisiones alineadas con el Acuerdo de París sobre el cambio climático, la prevención de impactos ambientales en los proyectos de inversión y la responsabilidad de la remediación de los daños y pasivos existentes.

Cuando se trata sobre el Acuerdo de París del año 2015, tomado en la COP 21; inmediatamente se le asocia con la filípica del 2019 en la ONU, de Greta Thunberg: activismo del más alto grado de pureza, que sonó más a protagonismo de rock star, que a convocatoria a la reflexión. La realidad es que el calentamiento global existe y que la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI) es una necesidad. 

Perú no es trascendente en el mundo de las emisiones, porque apenas representamos cerca del 0.4% del total mundial. Lo que no significa que no debamos hacer nada. Y hay dos decisiones gubernamentales que tomar: la disminución drástica de la deforestación, dado que el cambio de uso de suelos representa el 45% de las emisiones de GEI; y la disminución de la quema de combustibles, que representa el 30% de esas emisiones. Dentro de estas últimas, el transporte aporta 10% y la generación de energía eléctrica 5%. 

La solución va por políticas que, en términos efectivos, reduzcan drásticamente la tala ilegal, incrementen el uso de biocombustibles y promuevan un mayor porcentaje de generación eléctrica en recursos energéticos renovables, para la atención de la demanda. 

En cuanto a la prevención de impactos ambientales en nuevos proyectos, ya sean mineros o hidrocarburíferos, el Estado y los inversionistas tienen que tener claro que no se puede soslayar la participación ciudadana y la consulta previa. Son obligaciones que hemos adquirido en compromisos internacionales. 

Se sabe que en las audiencias los opositores a las industrias extractivas ponen un número elevado de observaciones, muchas de las cuales tienen bastante complejidad técnica. Estas observaciones tienen que superarse en el debate, pero con sustento técnico prolijo. Cuenta mucho en la actitud de los opositores, el historial del comportamiento de las empresas y sus interlocutores en temas medioambientales.

En cuanto a los impactos y pasivos existentes, las empresas –en la mayor cantidad de veces– sindican a las operaciones anteriores como responsables. El Estado, a través de los diversos gobiernos, ha sido laxo, deviniendo en altas contaminaciones que nadie remedia. Tenemos como ejemplos elocuentes el caso de Doe Run en La Oroya; y el Lote 192 y el lote 8 en Loreto. Al final de cuentas, dada la cuantía, se patea el problema para adelante, dejando un pésimo antecedente.

El Perú tiene gran expectativa en las industrias extractivas para el crecimiento económico, en un momento que los precios de los metales y de los hidrocarburos están en crecimiento. Además, la industria forestal es una buena posibilidad para diversificar la exportación. El movimiento político que asuma el poder en julio próximo tendrá que tener clara la orientación que le dará al ambientalismo en su quinquenio.