Ejecutivo debe promulgar la ley para reformar el SIDH

No cejaremos en el empeño de proclamar a los cuatro vientos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) requiere urgentes reformas.

Como sabemos, dicho Sistema que fue creado por la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, dentro de la OEA, pero con autonomía, está integrado por la Comisión y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchas de cuyas decisiones son cuestionadas en los países que forman parte de la Convención, sean ellas opiniones consultivas, resoluciones, sentencias e incluso acciones de supervisión de estas últimas.

Se ha podido observar desde hace tiempo atrás, que muchas de las decisiones y determinaciones del Sistema mencionado tienen sesgo ideológico no deseable, en que parecería ser que se amparan los Derechos Humanos de quienes los violentan, pero se desampara a quienes son afectados por terroristas, vándalos y violentistas, entre otros indeseables, lo que a su vez origina que la Policía que tiene que mantener y restablecer el orden y tranquilidad pública, le saque el cuerpo a su responsabilidad a fin de no ser señalados por el SIDH y denunciados por el Ministerio Público para su procesamiento por el Poder Judicial.

La situación mencionada ha recibido el rechazo de gran parte de nuestra ciudadanía, lo que originó que en el Congreso se presenten proyectos de ley para autorizar la denuncia de dicha Convención, olvidando que la atribución de denunciar tratados corresponde al Poder Ejecutivo y no al Legislativo, aunque el autor de esta nota tiene que reconocer que la presentación de tales proyectos ha sido un acicate para que la ciudadanía se ocupe del tema y se ponga en la agenda pública.

Como muchas otras cosas, la permanencia o no del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha polarizado. Unos quieren el retiro, pero solo de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Otros más exigentes desean el retiro del Perú de todo el SIDH, mientras en el otro extremo están quienes no desean hacer nada y que todo sigue igual. El pretexto de quienes desean que nada cambie, es que, si hay retiro, nos quedaríamos, como población peruana, sin la protección supranacional a nuestros Derechos Humanos.

Bueno pues, la Comisión de Constitución del Congreso y luego el Pleno Parlamentario han dictaminado y aprobado, respectivamente, una posición de centro, sumamente razonable, como es la que se cree una Comisión de Alto Nivel y otra técnica de expertos, que estudien y diagnostiquen la situación del SIDH y planteen los correspondientes correctivos, tanto en la Convención Interamericana, como también en los Estatutos y Reglamentos de la Comisión y Corte Interamericana. Tales planteamientos los llevaría el Ejecutivo ante la OEA para su debate, sanción y toma de los acuerdos que correspondan.

Es urgente que la presidenta de la República Dina Boluarte, proceda a promulgar la ley aprobada en el Congreso por amplio consenso, con lo cual tendríamos dos Poderes del Estado inmersos en la tarea, pero teniendo muy presente que el Sistema Jurisdiccional Peruano, a través de nuestro Tribunal Constitucional, también ha señalado los excesos del SIDH, con lo cual podríamos lograr una unión monolítica que pudiese respaldar a nuestro excelente canciller de la República, a quien le competería la tarea no solo de presidir la Comisión de Alto Nivel, sino también hacer las gestiones y acercamientos con la OEA para que las pretensiones peruanas arriben a buen puerto. Su buen talante y conocimiento, también serán muy necesarios para conseguir el apoyo de otros países conformantes de la OEA.