Educación: no reinventar la pólvora

Sobre la necesidad de construir acuerdos políticos en el tema educativa.

Hay dos reformas iniciadas por este Gobierno que permanecen con vida y que por su trascendencia e importancia deberían convertirse en políticas de Estado. Ello supone promover un acuerdo político entre los principales candidatos a la presidencia para lograr su respaldo y continuidad en el siguiente quinquenio (más allá de que todo es perfectible), además de blindarlas para que no formen parte del fuego cruzado de la competencia que se avecina.

Una es la reforma educativa que el ministro Jaime Saavedra viene impulsando (recogiendo en parte lo avanzado por el anterior Gobierno y lo poco logrado en los primeros años del actual); y la otra, los esfuerzos desplegados (con efectos aún limitados) de la ley Servir.

Hoy me referiré a la primera. Durante el discurso de 28 de julio el Presidente detalló varias metas importantes alcanzadas, y recientemente, el ministro confirma el inicio de un camino de auténtica mejora que no deberíamos abandonar (es más, pienso que asegurar la continuidad de Jaime Saavedra en la cartera sería una decisión muy acertada; ojalá las fuerzas políticas en disputa puedan dar esa muestra de madurez).

La estrategia ha sido reivindicar la meritocracia poniendo el foco en el maestro como eje central de la mejora, fijando una saludable política de incentivos a base de resultados y según una adecuada medición del desempeño.

En lo referente a la educación superior, por ejemplo (que anuncia ser uno de los caballitos de batalla de la campaña ), el 10 de julio se acaba de cumplir un año de vigencia de la nueva Ley Universitaria que tanto estrago y acusaciones cruzadas atizó. Bueno pues, a la fecha, el 70% de las universidades públicas ha iniciado el proceso de adecuación y el 80% de las privadas ha hecho lo propio con sus estatutos; la idea es que la totalidad pase por un proceso de licenciamiento que garantice el cumplimiento de estándares básicos de calidad.

La reciente creación de la SUNEDU como entidad técnica, además de respetar el principio de la autonomía (que no es extraterritorialidad), debe permitir afrontar los desafíos de la aplicación de la norma gracias a una  eficaz coordinación con el propio MINEDU y otras entidades como el Concytec, Procalidad y SINEACE. Y al igual que con el caso de la educación primaria y secundaria, la herramienta crucial son los incentivos y las sanciones: a mayor calidad en los productos que ofrecen las universidades menor regulación (más allá de los efectos que la libre competencia dicte).

Ciertamente el modelo viene generando resistencias, es lógico que así sea; hablamos de no más de 6 universidades públicas, encabezadas por San Marcos y su rector, el señor Cotillo, a quien se le acusa de varias irregularidades y de un manejo clientelar inaceptable que la Decana de América no merece.

Por ello es crucial que la reforma sea adoptada como política de Estado para que, más allá de algunos ajustes, continúe y se aplique. Ojalá al (a) futuro (a) Presidente (a) no se le ocurra reinventar la pólvora en Educación.

Por: Mario Saldaña C. (@msaldanac)