¿Durmiendo con el enemigo?

Congreso no debe censurar a la ministra de Educación

Fuerza Popular y el Frente Amplio, apoyados por algunos congresistas apristas y acciopopulistas, elaboraron un pliego interpelatorio de cuarenta preguntas para que responda mañana la ministra de Educación, Marilú Martens, sobre el proceso de diálogo con los docentes y el impacto en el estudiantado de los más de 72 días de huelga magisterial.

Es importante resaltar que en un sistema democrático la interpelación a los miembros de un gabinete ministerial es normal y hasta necesaria, para fiscalizar las acciones que desarrollan en su sector. Sin embargo, la interpelación a la titular de Educación adquiere características especiales por las circunstancias en que se desarrollará, al haberse anunciado un nuevo paro decretado por la dirigencia magisterial en respaldo a la interpelación y “como un homenaje a los maestros caídos durante el paro”.

La medida de fuerza anunciada tiene claras motivaciones políticas. Está orientada a presionar al Congreso a censurar a la ministra de Educación luego de la interpelación, presentando como “víctimas de la represión policial” a dos maestros que murieron, por enfermedad, durante el conflicto laboral.

Una censura a la ministra de Educación en estas circunstancias significaría entrar al juego de los “malos dirigentes” de los maestros, que buscan crear el caos y la anarquía y con ello facilitar las acciones desestabilizadoras del Conare, Proseguir y Movadef. Estos movimientos son brazos políticos de Sendero Luminoso y operan sigilosamente dentro del magisterio, creando problemas a un gobierno débil con el afán de acabar con el sistema democrático. Tal como intentaron Sendero Luminoso y el MRTA en los ochenta y noventa, dejando un saldo trágico de 70,000 muertos entre civiles, policías y militares, así como miles de millones de dólares en pérdidas materiales.

Sería suicida e irresponsable que el Congreso caiga en el juego de estos elementos disociadores, que no creen en el sistema parlamentario vigente. Los usarían como tontos útiles en beneficio de sus siniestros fines. Por el contrario, el Congreso, el Gobierno, los medios de comunicación y la ciudadanía tienen que cerrar filas para impedir el avance subversivo que viene fomentando las protestas y los actos de violencia, principalmente en regiones donde se desarrollan importantes proyectos mineros y en otros sectores estratégicos de nuestra economía.

El Congreso debería exigir a la ministra mayor celo en la conformación de cuadros de gran calidad técnica en las Direcciones Regionales de Educación (DREL) y en las Unidades de Gestión Educativa Locales (UGEL), para que contribuyan al avance de una auténtica reforma educativa, que aseguren un mayor rendimiento escolar y una mejora sustantiva en la calidad profesional de los docentes.

La opinión pública es consciente de que la ministra de Educación, Marilú Martens, tuvo errores —muchos de ellos garrafales— en el manejo del conflicto magisterial; pero las circunstancias actuales y las motivaciones políticas de sectores ultra radicales enquistados en el sector aconsejan que una censura sería funesta e inoportuna. El Congreso, de mayoría fujimorista, le estaría dando en la yema del gusto a una izquierda que no simpatiza con ellos, y que durante los últimos dos procesos electorales les cerró el paso al poder. Sería como “dormir con el enemigo”.

Creemos pertinente que el Congreso exija a la titular de Educación que coordine esfuerzos con el Ministerio del Interior para que los servicios de inteligencia detecten a los profesores que siguen laborando en el sector educación —en colegios y universidades públicas— a pesar de haber sido sentenciados por terrorismo, ya que ellos nunca se han arrepentido del daño infringido al país.

Recordemos que los últimos actos de fuerza en el Perú coinciden con la puesta en libertad de terroristas como Osmán Morote Barrionuevo, Peter Cárdenas Schulte, Jaime Castillo Petruzzi, Carlos Incháustegui, Maritza Garrido Lecca, Martha Huatay, entre otros sediciosos. Ellos gozarán de libertad en los próximos días y meses, gracias a las benevolentes leyes —elaboradas a la medida— por Diego García-Sayán y promulgadas durante los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo.

Carlos Arnillas Denegri