Desconocimiento, craso error

Al analizar las externalidad propias de la actividad minera

Hace más de 25 años que estoy vinculado al sector extractivo y desde entonces ha sido un continuo aprendizaje, un desafío permanente por superarse, por entender los yerros de unos y otros, motivados por  la desesperación por el poder (más allá de tener un planteamiento serio y responsable de qué hacer cuando se alcance). También de las mezquindades y las zancadillas, así como de la lucha constante por trascender accionando de buena fe.

No obstante, no me considero un especialista y menos descalificaría a una institución sin haberme acercado a escuchar su versión, su punto de vista.  En una investigación, limitarse a la información proporcionada por una de las partes la descalifica, porque implica que “el investigador” tomó partido por esa parte, sin formular previamente una síntesis que le otorgue credibilidad a su conclusión. En adelante, solo se dedicará a darle apariencia de objetividad a lo que es una opción subjetiva y alejada de la voluntad de generar conocimiento. Todo lo anterior se superpone al hecho de que “el investigador” esté o no vinculado a una institución académica o una de sus dependencias.

Juzgar hechos del pasado sin presentar el contexto en el que se desenvolvieron es afirmar una media verdad y, por consiguiente, hace que cualquier análisis resulte insuficiente. Con anterioridad a la mitad de la década de los ochenta del siglo XX, salvo muy puntuales hechos aislados, la investigación científico social se centraba en las relaciones establecidas entre lo que se denominó “el capital” y “el trabajo”.  Ciertamente influenciada por la ideología marxista y su división del trabajo en función a la posesión o no los medios de producción.  En concordancia con dicho pensamiento, el sindicalismo de entonces centraba sus luchas en lograr una mayor participación de la riqueza generada y, de ser posible, tomar el control de los medios de producción.

Por entonces, se creía que la riqueza era estanca y se sustentaba en medios físicos; por consiguiente, no había posibilidad alguna de expandir la “torta”.  Ahora, sabemos que el generador de riqueza ilimitada es el conocimiento, y no los activos físicos. En adelante, la conflictividad social en el ámbito laboral decayó considerablemente y fue canalizada hacia las denominadas externalidades de los medios de producción. La investigación social fue dejando de lado las relaciones al interior de las empresas y se centró en el ámbito externo.

La minería es una actividad productiva y, como todas, presenta externalidades que se solucionan en función al avance del conocimiento científico tecnológico; así como a la acumulación del capital que permite adquirirlo, generarlo o innovarlo. No son los discursos los que solucionan los problemas técnicos, pero sí recrean y retrotraen hechos del pasado para exacerbar o minimizar lo sucedido.  El pasado y sus percepciones deben conformar un registro histórico, y no ser empleados para incentivar la conflictividad social.

A pesar del tiempo transcurrido, hay dinámicas sociales que guardan ciertas similitudes. En la actualidad, las actividades mineras (en sus estudios de impacto ambiental) proponen sus áreas de influencia. Los conflictos surgen —casi siempre— más allá de dichas áreas, en los demás anillos concéntricos.  El caso de la fundición de Southern Peru en 1960, con relación a la provincia de Ilo, es el del primer anillo (en esos años no existía el concepto de área de influencia).  Cuando la planta operó con la mejor tecnología disponible en esos años, el Estado determinó que más allá de Ilo no se registraba afectación. Afirmar, por ejemplo, que los humos producidos en dicho periodo (y que en el presente siglo han sido superados) alcanzaron un valle ubicado al norte y que, además, afectaron sus cultivos, sin presentar evidencia científica alguna que la respalde es ciertamente especulativo.

Es cierto que la minería enfrenta un duro y prolongado periodo de aprendizaje, con aciertos y reveses, con construcción de opciones que no siempre culminan en configurar la “alternativa”. Los centros de conciliación en el país no llegan a cumplir dos décadas, en tanto que la minería tiene varios cientos de años relacionándose con sus entornos; el Estado tampoco contaba con oficinas dedicadas al estudio de la dinámica y gestión de conflictos.

Southern Peru descarta el empleo de agua del subsuelo, porque se vuelve socialmente inviable, y opta por el agua desalinizada.  Empero, la investigación hidrogeológica demostró que existe excedente de agua en el subsuelo, por encima de la demanda de la actividad agrícola y minera, la misma que se desaprovecha en el mar.  Otra vez, ¿se puede afirmar con rigurosidad que “hubo ambigüedad” y concluir que “se rompió la confianza” porque la empresa decide hacer uso de la única puerta que le dejaron abierta? ¿Incluso manifestar “que se debe ceder la concesión”.

Proponer violentar el ordenamiento legal es poner en riesgo el prestigio y reputación del Perú ante la comunidad internacional de inversionistas.  Ello no es una opción válida si queremos recuperar la senda del crecimiento, generación de empleo productivo, reducción de la pobreza y lograr el bienestar para más peruanos. El escenario actual es de responsabilidad compartida entre todos los actores sociales, la academia, el Estado y el sector privado. Ponerse de costado y juzgar, en lugar de analizar, es más que un craso error.

Guillermo Vidalón del Pino