Denuncia contra la prepotencia

El pueblo es el primer poder del Estado, y las protestas son un derecho que avala la Constitución del Perú y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Nuestra Constitución dice explícitamente que “El poder del Estado emana del pueblo y todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y proteger los intereses nacionales”. En este escenario, los peruanos no deben dudar sobre la importancia de las marchas como manifestación popular. 

La protesta es “el primer derecho” para exigir que todos los demás derechos se cumplan; es el mecanismo para defenderlos y protestar para evitar que peligren los intereses ciudadanos. Salir a las calles es nuestra libertad. Las manifestaciones de “la calle” son una caja de resonancia, con efecto multiplicador en los medios de comunicación local e internacional para condenar los atropellos del régimen.

El 5 de noviembre, peruanos de Lima, Arequipa, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Juliaca, Piura, Tarapoto y Trujillo salieron a las calles. Y también peruanos del extranjero en Washington, New Jersey, Madrid y Milán. La convocatoria, organizada por grupos civiles, logró reunir a 100,000 personas en una marcha pacífica en Lima.

Durante el recorrido hacia el Congreso de la República, los manifestantes alzaron su voz de protesta contra la corrupción y la prepotencia de este desgobierno; pero al llegar a la av. Abancay encontramos a miles de miembros de las Fuerzas Policiales cerrando todas las calles laterales y el acceso al Congreso, creando un peligroso callejón sin salida. A pesar de ello, la manifestación –con peruanos de todos los estratos, edades y adultos mayores– continuó en forma ordenada, entonando masivamente canciones de nuestra peruanidad como “Y se llama Perú” y el himno nacional. 

Los lamentables hechos posteriores han sido ampliamente documentados por la prensa nacional, internacional y los manifestantes, con fotografías y videos impactantes. Resulta inconcebible que un grupo tan numeroso de policías –calificados y entrenados para controlar multitudes– lanzaran bombas lacrimógenas, disparadas directamente contra el centro de la manifestación, creando un caos que obligó a los ciudadanos a salir en estampida, para librarse de los gases que nublaron las calles.

Las bombas lacrimógenas –cuyos efectos aturdieron, intoxicaron y causaron desmayos– tuvieron un saldo de heridos por el impacto de los proyectiles entre los asistentes. Pero los gases no fueron suficientes, acto seguido una tropa de policías de la Caballería Montada ingresó al centro mismo de la manifestación al galope, atropellando a quienes encontraron a su paso. Todo ello desatendiendo, además, el fallo de la Primera Sala Constitucional que prohíbe que los caballos sean usados como elemento disuasivo. Luego la policía rompió su formación para arrestar, al azar y de forma prepotente, a algunos ciudadanos. 

Esta represión es la forma del accionar de este desgobierno; hechos que no deberían ser pasados por alto durante la visita de la Comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitada por el mismo Pedro Castillo. Solo esperamos que esta nueva visita no repita el mismo sesgo que atestiguamos con la Delegación de la OEA durante el mes de octubre. En esa reunión, no solo se emitieron juicios parcializados sobre la crisis peruana; las conclusiones avalaron el conocido discurso de victimización con el que Pedro Castillo intenta librarse de la vacancia y el juicio político que lo pondría tras las rejas. 

El pueblo está indignado con la corrupción y prepotencia del Gobierno. El país está a la deriva, y es una situación que no podemos seguir tolerando. La prepotencia del Gobierno puso en peligro la vida de ciudadanos pacíficos. Es tiempo de reaccionar y denunciar los delitos, caiga quien caiga.