Delatores premiados

Según parece, el anunciado acuerdo del Estado peruano con Odebrecht permitiría obtener, de los funcionarios de la empresa brasileña, nuevas evidencias de corrupción contra políticos y funcionarios peruanos. A cambio, en primer lugar, el acuerdo permitiría a la empresa brasileña vender sus activos en el país, que ascenderían a unos US$ 4,500 millones de dólares.

Un caso típico sería el caso de la hidroeléctrica de Chaglla, que Odebrecht ha negociado vender al consorcio China Three Gorges por unos US$ 1,300 millones, y que espera solo la firma del acuerdo con el Estado para proceder. La empresa y el Estado se repartirían en partes iguales el importe de la venta. La mitad del Estado iría a un fideicomiso administrado por el Banco de la Nación, donde quedaría depositado provisionalmente como garantía del pago de una reparación civil.

El Perú estaría pactando con la empresa, en segundo lugar, el pago de la reparación civil por los actos contra el Estado peruano, cuyo monto hasta el momento no se conoce. En algún momento se estimó que el importe de la reparación civil sería una cifra aproximada al monto que quedaría en garantía en el fideicomiso del Banco de la Nación luego de la venta de Chaglla.

En tercer lugar, el Estado permitiría a la empresa brasileña seguir operando en el Perú.

La empresa estaría reconociendo, en cuarto lugar, que pagó sobornos en siete megaproyectos únicamente, y el Perú aceptaría ese hecho.

En quinto lugar, el Estado estaría asegurando a los ejecutivos brasileños que entreguen la información requerida, lo que la prensa llama “excepciones de pena”. Es decir, la garantía de que no serán procesados en el Perú por lo que revelen. Es un valor entendido, además, que sus declaraciones no tendrán validez en Brasil y no pondrán en peligro, por lo tanto, su estatus de “delatores premiados” ante la justicia de su país.

A cambio de todo lo anterior, como se dijo líneas arriba, los ejecutivos brasileños entregarían nuevas evidencias contra políticos y funcionarios peruanos en el pago de sobornos. Se les estaría tomando sus declaraciones en enero.

¿Es esta una negociación equitativa? La pregunta es retórica, porque la verdad no tiene precio y no es negociable. Los clásicos fundadores de la sociología y la historia del derecho —Emile Durkheim, especialmente— escribieron que las sociedades evolucionan desde lo que llamaron el “derecho retaliatorio” hacia el “derecho restitutivo”. Como su nombre indica, se trata nada menos que de la transición del derecho primitivo —el de la Ley del Talión, del “ojo por ojo y el diente por diente” que caracteriza a toda la justicia de la Antigüedad desde el Código de Hammurabi— a una justicia moderna que, sin poner como cuestión previa el castigo de los culpables, se orienta a restituir en lo posible el estado de cosas anterior para reparar el daño infligido.

Es necesario tomar distancia para reflexionar en torno a esta pregunta: ¿no es la justicia restitutiva acaso el principio que se halla detrás —y la justificación última, además— de la institución de la colaboración eficaz? Nunca es negociable la verdad, pero hoy lo son el castigo y la reparación.

Lo justo, y no solo lo práctico, es resolver primero el problema y buscar al culpable después. Nunca a la inversa. No pongamos la culpa por delante de la verdad.