Debate sobre el ambientalismo en el próximo gobierno

Electo el nuevo mandatario luego del balotaje del próximo 6 de junio, la dicotomía discursiva de anti y pro comunismo, deberá dar pase a diversas variantes de pensamiento y acción. Y uno de los temas más sensibles es el medioambiental. El problema reside en el gran prejuicio que se ha generado sobre el ambientalismo, pues se le asocia inmerecidamente con las posiciones en contra de las industrias extractivas de ciertos sectores, que ponen exigencias con vallas tan altas que resultan quimeras. Esa no es parte de la disciplina académica sino obstruccionismo. 

Respecto al medioambiente en nuestro país hay tres tópicos a tratar de manera inmediata: remediación de áreas impactadas, reducción del índice de nocividad de combustibles (INC) y reducción de gases de efecto invernadero (GEI). Sobre la remediación de áreas impactadas hay por lo menos cinco a las que debe darse solución definitiva. Lo que no significa retornar a la posición pre contaminación de manera inmediata, sino disponer de un planeamiento de acción progresiva en el menor tiempo posible: lote petrolero 1-AB, lote 192, donde no exista duplicidad respecto al lote 1-AB, lote 8; todos los lugares contaminados por los derrames del Oleoducto Nor Peruano (ONP) y la limpieza de la contaminación que durante cerca de un siglo afectó a la Oroya y alrededores, como consecuencia de la operación Complejo Metalúrgico de la Oroya, manejado sucesivamente por Cerro de Pasco Corporation, Centromin Perú y Doe Run Perú. 

En el tema petrolero de los lotes 1-AB, lote 192 y lote 8; es imprescindible sincerar la situación, pues uno de los últimos operadores (Pluspetrol Norte S.A.), sostiene que es el Estado el responsable. Esta situación hay que zanjarla con firmeza; primero corresponde que el gobierno inicie la remediación con fondos propios, y luego litigue si corresponde. La situación no puede esperar más, las discusiones sobre responsabilidad llevan más de dos décadas. En el caso del ONP, corresponde a su propietario hacer la tarea. 

La gran dificultad para el Estado son los recursos, porque sumando los cuatro casos fácilmente superamos los US$ 1,000 millones de necesidad de fondos. Esto debe llevar a que se replanteen ciertos proyectos, donde se cofinancia con recursos públicos, sin hacer una correcta evaluación social. 

En el caso de la reducción del INC, hay tres variables que utilizar: política tributaria, buscando un equilibrio entre desincentivar el uso de petróleo diésel y gasolinas e impacto en la inflación; incentivar el uso de mezclas de biocombustibles (etanol y biodiésel), pero asociados a campos agrícolas productores de caña de azúcar y palma aceitera, que sirvan de sumideros; y finalmente, promover el uso del gas natural en el transporte de carga. 

Por último, se tiene la reducción de GEI, sobre el cual el Perú tiene un compromiso, para el año 2030, de una reducción del orden del 20% sobre el caso que no se hiciese nada. En este tema existen dos variables trascendentes: la reforestación, que aún no puede despegar, y el balance de áreas deforestadas, que es desfavorable en 160,000 hectáreas anuales en promedio; y la reducción de las emisiones de la combustión en el sector transporte, donde nuevamente encontramos el tema de los biocombustibles, quedando pendientes la promoción de la electromovilidad y la tecnología del hidrógeno verde.

En el caso de los GEI, también se tiene al sector de generación de electricidad con recursos renovables, en donde nos hemos quedado relegados en la región por desidia gubernamental. La razón de esa desidia no me queda clara, pero tranquilamente puede responder a lobbies de intereses contrapuestos.

Veremos qué viene en la designación de ministros, donde tendremos la primera señal de cómo actuará el nuevo gobierno en materia ambiental.