Cuajone: entre el chantaje y el silencio

La mina Cuajone, el mayor aportante de recursos a la región Moquegua por concepto de canon y regalías mineras, se encuentra nuevamente bajo amenaza.  El cabecilla que decidió dejar sin agua a una población de más de 5,000 personas, también destruyó parte de la infraestructura hídrica, precisamente para evitar que dicho asiento minero vuelva a operar, dejando en el desempleo a más de 20,000 personas, entre trabajadores directos y proveedores de bienes y servicios.

El siniestro personaje sigue libre, amenazando a los miembros de la Mesa de Diálogo que instituyó la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Este sujeto responde al nombre de Iván Mendoza y es militante de Acción Popular. Imaginamos que tiene intereses similares a los conocidos “niños” del parlamento.

¿Por qué quien vulnera la propiedad, sea pública o privada, no es detenido para recibir el peso de la ley? ¿Por qué las autoridades aceptan el chantaje de quienes señalan que seguirán con sus acciones de violencia si es que no se les retira las denuncias? Ergo, ¿estamos en un país donde quien delinque condiciona la aplicación de la ley y las resoluciones del Poder Judicial? Realmente, ¿contamos con un Gobierno que defiende el Estado de derecho?

Cabe recordar que las aproximadamente 70 personas que tomaron las instalaciones del reservorio de agua de Cuajone el 28 de febrero pasado argumentan que la mina les debería US$ 5,000 millones por el uso de “sus tierras”, lo cual es totalmente falso.  Analicemos el origen: cuando la mina Cuajone solicita la concesión de las áreas de terreno –donde opera desde 1976– dichas áreas eran de propiedad del Estado, que las otorgó legítimamente y sobre la cuales se estableció dicha carga, más allá de que el Estado, a futuro, podría transferir el terreno; pero nunca privar del derecho de concesión, por ninguna de sus instalaciones, a Cuajone.

Sucede que en 1993 el Estado peruano decidió transferir dichos terrenos a la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala (TPCT), incluida la carga que sobre los mismos preexistía. Para dilucidar las dudas existentes en el sector radicalizado (u oportunista) de la comunidad, en abril pasado se instaló la Mesa de Diálogo que convocó tanto a la parte afectada (Cuajone) como a los representantes de la comunidad, contando con los buenos oficios de la PCM.  

A la fecha, se han realizado más de ocho sesiones para que, a través del mecanismo del diálogo, cada parte presente sus argumentos.  Los resultados han sido los siguientes: 1) Cuajone ha demostrado que cuenta con toda la documentación legal que acredita su derecho al empleo de las concesiones que le fueron otorgadas por el Estado con antelación a la conformación de la comunidad.  En consecuencia, el argumento de la “compensación de US$ 5,000 millones más el 5% anual de las utilidades de la mina” carece de fundamento alguno; por lo tanto, no corresponde a la mina otorgar resarcimiento alguno. 2) Los cabecillas exhiben un plano elaborado a mano alzada, que no ha sido inscrito previamente en ninguna institución del Estado, por consiguiente, no ha sido sujeto a evaluación por parte de la autoridad para determinar la legitimidad del mismo y si no se intercepta con los derechos otorgados anticipadamente a un tercero.

No obstante lo demostrado, el cabecilla Iván Mendoza amenaza con radicalizar sus acciones de violencia si no se atiende su pedido. Es decir, una expresión más del chantaje puro y duro, al mejor estilo de la delincuencia común.  Nos preguntamos, ¿dónde está la Fiscalía de Prevención del Delito. El grupo violentista carece de fundamento y, además, su pedido es desproporcionado. Analicemos, si la comunidad está integrada por aproximadamente 500 personas y a ellas se les concediese US$ 5,000 millones, eso representa US$10 millones por comunero. Es decir, alguien organiza una extorsión y como premio, sin realizar trabajo alguno en beneficio del país, se apropia de US$10 millones. ¡Qué fácil! 

Ahora, imaginemos si a las 10 minas más grandes del Perú se les plantease la misma extorsión. Porque si el Estado guarda silencio y convalida tal accionar delincuencial, el mal ejemplo va a cundir. Siguiendo el análisis, 5,000 personas podrían apropiarse de una inversión de US$ 50,000 millones. Esto representaría la quiebra de la minería nacional y la pérdida de aproximadamente 240,000 empleos directos y de otros dos millones de empleos indirectos.

Por otro lado, no es que la mina se haya atrincherado y manifestado “no tienes derecho y punto”. Todos reconocen que hay necesidades que el Estado no ha cubierto, a pesar de los miles de millones de soles que los gobiernos locales reciben por canon y regalías mMineras; pero es allí donde están fallando los mecanismos de transmisión y no en el generador de la riqueza. Hay un problema de asignación y ejecución adecuada de los recursos que recibe el estado; sin embargo, eso no da derecho a delinquir ni a la autoridad a mirar de costado.