Corrupción y universidad

Nuestra sociedad se siente hoy invadida por la corrupción. El bien común es dejado de lado por los intereses individuales de quienes priorizan su beneficio transgrediendo normas legales y comportamientos morales. Esa invasión decadente nos toca y lastima. No sabemos en quién confiar ni cómo se arraigó la corrupción en nuestra cultura. Tampoco podemos negar que, de alguna forma, podemos ser parte de ella. La lucha contra la corrupción implica, por ello, realizar una visión introspectiva y crítica de las acciones de cada uno de nosotros para posibilitar el cambio.

La educación es la principal herramienta para transformar comportamientos. Por eso es válido preguntarnos, en línea con lo anterior, cómo han actuado sus instituciones; y dentro de ellas, la universidad. Debemos evaluar y diagnosticar su comportamiento, para saber qué hacer para avanzar en la lucha contra la corrupción.

Esta rendición de cuentas no debe reducirse a sus resultados de docencia e investigación, también debe abarcar la construcción de un comportamiento ético entre sus miembros. Desde lo formativo, la universidad acoge al individuo en la etapa de logro de la autonomía al dejar la adolescencia, fundamentalmente heterónoma, en la que las normas familiares y escolares —si las hubo— y la orientación conductual mediática rigieron el comportamiento; y debe evolucionar a otra etapa en la que la capacidad crítica permita un actuar en libertad basado en valores.

El logro de ese ser autónomo, con capacidad de generar riqueza moral y económica debe ser la tarea fundamental de la universidad. Reconocernos como una sociedad corrupta y no inclusiva, a pesar de su diversidad, obliga a la autocrítica interna a hacer evidente una orientación formativa tecnocrática que ha descuidado el compromiso social. Como señalan los jesuitas, “excelentes profesionales para sociedades fracasadas”.

Priorizar el bien común es esforzarnos en demostrar la calidad educativa nacional, logrando nuestra presencia en los rankings y procesos de licenciamiento y acreditación. Es promover autónomamente la transparencia, facilitando y recogiendo información hacia y desde los alumnos y otros grupos de interés. Y en ese diálogo, lograr la mejora de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje.

La gestión directriz también debe rendir cuentas sobre su comportamiento. El directorio de una universidad societaria (con fines de lucro) debe revisar indicadores de empleabilidad, calidad docente y calidad de la investigación, junto a los de su salud económica. La universidad asociativa (sin fines de lucro), además de los indicadores señalados tiene la obligación de demostrar un eficiente manejo económico y desterrar los sueldos millonarios, que descapitalizan a la universidad.

La gestión directriz de la universidad pública debe demostrar pulcritud en los procesos electorales para autoridades y en el uso de los recursos económicos. La universidad pública y la privada asociativa deben, autocríticamente y de manera autónoma, revisar si el modelo asambleísta es el mejor para una gestión eficiente, ya que muchas veces una autoridad que para ser elegida es dependiente de sus subordinados, tiene un actuar displicente y de camarillas para permanecer en el poder.

Los cambios sociales y económicos han transformado a la universidad, pero su comportamiento y gestión debe ser coherente con el comportamiento moral en que le toca educar. Eliminar el mercantilismo, que no es la venta del servicio educativo, sino “regalar” por ese cobro —o en el caso de las públicas, para mantener alumnos para subsistir y recibir recursos del Estado— una nota y hasta un título que el estudiante no merece. Nos toca proponer la certificación de competencias del egresado para obtener el título y ejercer la carrera. De igual forma, revisar si la prohibición de la creación de universidades no responde más bien a un paradigma obsoleto que promueve los oligopolios en la educación universitaria.

La reflexión de nuestro actuar como individuos y nuestro comportamiento social es necesaria para combatir la corrupción. La universidad, como institución, no escapa a esta necesidad. Desterrar la corrupción depende de cada uno de nosotros. Educar en valores implica practicarlos y es el ejemplo, la mejor y única forma de educar en ellos.