Consolidar crecimiento y democracia en el periodo 2016-2021

Tareas y problemas que deben enfrentar los recién elegidos congresistas

Salvo grupos minoritarios que están logrando más influencia y poder, así como puestos de autoridad en la política nacional, una mayoría ciudadana afirma que es indispensable retomar el crecimiento y mejorarlo en aspectos de sustancia y de procedimiento. Algo que solo puede impulsarse al inicio del próximo periodo constitucional, con un Congreso ya establecido. Y para ello resulta inevitable realizar acuerdos congresales, con gobiernos regionales y municipalidades provinciales estratégicas, en áreas vitales del país, ojalá inspirados en un gran Acuerdo Nacional.

La bancada más numerosa en la próxima legislatura será la fujimorista, que casi con toda seguridad contará con una mayoría absoluta. Con la bancada de “primera minoría”, deberá negociar el reparto de comisiones y la Mesa Directiva. La primera valla será la propia reforma electoral y de partidos. Las bancadas más afines a las posiciones económicas, financieras y sociales del fujimorismo son las de PPK y el PAP. Podrían sumarse congresistas para alguna votación a favor o en contra de una decisión. Estos serían los establecimientos políticos para la continuidad de las políticas públicas económicas y financieras que tendrán que procesarse y negociarse para acuerdos de modificaciones, menores o mayores, a las leyes. No será fácil porque los otros partidos, las ONG, los gobiernos regionales y los actores sociales contrarios, muy activos en el interior —agrupados en las candidatura de Verónika Mendoza y de Alfredo Barnechea— harán exigencias imposibles de cumplir, dentro de su ofrecida política “alternativa”.

Habrá complicaciones por el cruce con procesos internos e internacionales, “intermésticos” y sobre corrupción, así como por las demandas contra decisiones con único postor, contra inversiones en industrias extractivas y una larga lista de problemas locales, regionales y nacionales. Veremos qué procesos legales políticos y mediáticos se impulsan o se generan en la última etapa del gobierno de Ollanta Humala; y cuánto y cómo pesan las individualidades y grupos de privilegio y de poder. Recordemos que el humalismo ha sido antigubernamental y antiestatal, desde su creación hasta su dispersión y sobrevivivencia legal de la familia o matrimonio propietario del registro, y que está terminando este periodo con más sombras que luces, no obstante haber culminado procesos como el de La Haya, iniciado hace más de diez años pero seguido de canonjías diplomáticas y de diversas agregadurías civiles y militares que sirven a su propia red de intereses.

El nuevo Congreso tramitará o creará ajustes inevitables en la ejecución del presupuesto ya aprobado, continuará con las investigaciones en proceso —ligadas o no al llamado caso Lava Jato—, y debatirá las propuestas para modificar más o menos el marco legal y administrativo de las inversiones en las industrias extractivas —gas, minería grande y mediana, petróleo en selva y costa, minería ilegal e informal, hidroelectricidad, bosques y pesca marítima—, como ya se ha anunciado desde antes de la campaña electoral. Casi nada.

Podría haber consenso decisorio en las acciones para la mitigación de los impactos de El Niño y otros fenómenos climáticos extremos, que muchos confunden con un cambio climático; aunque hay elementos variables, según periodos y lugares, como ya es sabido. Esto pasará inevitablemente por la política del sector ambiente, que lleva como por un tubo al rol de ProInversión y del MEF. Todo ello demandará además mejorar y fortalecer las carreras públicas para una gestión de gobierno aceptable en educación y salud, y los campos cruzados y niveles aludidos.

Por último, pero no menos importante, existen dos grandes desafíos para la nación variopinta que somos y para nuestro Estado tan desinstitucionalizado, con su casi “anómica” sociedad. Uno de ellos es la seguridad de personas frente al crimen organizado, que se mezcla en parte importante con el problema de la informalidad y el desorden en que vivimos. El segundo tiene que ver con las medidas para asegurar la institucionalidad policial y militar, como “fuerzas del orden constitucional”, cada cual en su campo y cooperando según la ley. Esto incluye la reconstrucción de un sistema nacional de seguridad y defensa, y de un subsistema de inteligencia nacional.

Manuel Ernesto Bernales Alvarado.