Conflictos, diálogo y políticas públicas

En días recientes se han hecho públicos dos informes que nos reseñan el estado de los conflictos sociales en nuestro país en el mes de julio último. El primero, Informe Willaqniki, que emite la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, informar no solo sobre los conflictos sociales activos durante el mes, sino también sobre las alertas preventivas y, lo más importante, los espacios de diálogo, concluyendo con un balance a partir del seguimiento de compromisos existentes. El segundo, Reporte de conflictos sociales, que realiza la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, en el cual se proporciona información conceptual y que proviene de los actores sociales, que se compila a través de las veintiocho oficinas defensoriales y que se contrasta con otras fuentes.

La PCM, a través de Willaqniki, reporta que en el mes de julio se tuvo un total de 148 casos de conflictos sociales. Los califican como: 48 en fase de pre conflicto, 23 en situación de crisis y 77 en situación de posconflicto. 

La Defensoría del Pueblo, en el reporte entregado, informa que en el mes de julio se tuvo 184 conflictos, de los cuales 135 tienen la calidad de activos y, 49 se encuentran latentes. Como dato interesante tenemos que en el 63.5% de los casos intervinieron los funcionarios de la entidad como intermediarios o realizando defensa legal, entre otras acciones desarrolladas.

Si usted lee con calma y detalle cualquiera de los dos documentos, va a encontrar suficiente información estadística, así como las causas, razones, el ámbito de surgimiento del conflicto. Todo ello permite adoptar las acciones y decisiones suficientes para transformar la situación de conflicto y evitar la crisis.

En efecto, si analizo la data que proporciona Willaqniki encuentro que el 32% de los conflictos del mes (esto es, 40 conflictos de 148), se sustentan en: percepción de incumplimiento de compromisos, insuficiente respuesta de las entidades públicas, necesidades básicas insatisfechas. Es decir, situaciones que se encuentran dentro del ámbito de decisiones y soluciones del Poder Ejecutivo. Por ende, estos conflictos pueden ser atendidos en base a estrategias públicas que respondan a la ejecución de políticas sectoriales. 

Siguiendo con el análisis de la data, tenemos que el propio Estado cuenta con suficientes elementos para realizar el diseño necesario y llevar adelante lo que hoy se conoce como “proceso de transformación pacífica de los conflictos”. Esta posición, práctica y teórica, proviene de las investigaciones desarrolladas por el profesor John Paul Lederach(*), quien plantea la determinación de la ruta a la conclusión del conflicto con una pregunta básica ¿cómo acabamos con algo que no es deseado y construimos algo que si deseamos? En nuestro caso, las autoridades nacionales cuentan con suficiente información para comenzar a dar la respuesta básica e iniciar, por lo menos, las actividades comprendidas dentro de la competencia del Poder Ejecutivo.

Tenemos que dar un paso adelante y, utilizar los medios a nuestro alcance para implementar no solo espacios de diálogo sino también políticas públicas que permitan el desarrollo de las comunidades que están afrontando una situación de conflicto. Los reportes deben dejar de ser compendios estadísticos y pasar a ser la fuente que permita adoptar las medidas que el país precisa.

*LEDERACH, John Paul, The Little Book of Conflict Transformation. Eastern Mennonite University. 2014.