Complicado quinquenio para industrias extractivas

Las alertas sobre el futuro de las industrias extractivas se han encendido, luego de que el candidato izquierda Pedro Castillo (PC) resultara ganador en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, con votaciones altísimas en zonas donde se desarrollan actividades mineras e hidrocarburíferas.

En Cajamarca, en la provincia de Chota, donde se ubica el proyecto La Granja, Castillo obtuvo el 66% de la votación; mientras que en la provincia de Celendín –que aloja los proyectos Conga, Michiquillay y Galeno– consiguió 52%. En Cusco, en la provincia de La Convención –sede de la operación de los lotes gasíferos 88, 56 y 57–, se alzó con el 40% de los votos; en Chumbivilcas, donde está el proyecto Constancia, consiguió el 61%. Solo para mencionar algunos casos.

Más que el liderazgo arraigado de PC en esos lugares, hay un descontento social muy grande, del que las empresas responsabilizan al Estado, a través de sus gobiernos regionales y locales. Yo agregaría al gobierno nacional, que, observando la mala selección de proyectos y pésima ejecución presupuestal de las autoridades de la zona, no han apoyado para revertir la situación. No basta con mirar cifras desde Lima; han debido acompañar en el desarrollo de inversiones en infraestructura y operación, en las áreas de saneamiento, electrificación, salud y educación.

Ahora lo importante es cómo se aborda el quinquenio gubernamental 2021-2026. De salir Keiko Fujimori electa se enfrentaría a un rechazo mayoritario a las actividades extractivas, que son identificadas como las responsables de las carencias de la población. Se exige un mayor aporte de las empresas, tema que puede ser discutible; pero en una situación como la actual, cualquier intento de ajuste se tomará a mal en los mercados de capitales, y la inversión se retraerá. Hay que buscar estabilizar la situación de la confrontación social para ir a una discusión de ajustes.

El nuevo gobierno tendrá que contar con profesionales con conocimiento, experiencia en gestión pública y firmeza de decisiones; no solo con los opositores a las industrias extractivas, sino también con las empresas mismas, que a veces no quieren entender que la llamada “licencia social” es una valla que hay que superar. Y eso no se soluciona con represión, como ha quedado demostrado con la votación. La oposición no es solo de activistas, sino mayoritaria de la población.

No solo se tratará de tener ministros, con las exigencias citadas, sino también mandos medios que lidien en el terreno de los hechos. Dos serán los ministerios clave que tendrán que estar en primera línea: Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y Energía y Minas (Minem). En la PCM, el Viceministerio de Gobernanza Territorial y las tres secretarías que maneja (descentralización, gestión social y diálogo, y demarcación y organización territorial) tendrán que contar con funcionarios de alto nivel de calificación, a la vez que darles confianza para el largo plazo. El relevo continuo en estos niveles es muy perjudicial. En el Minem, los viceministros de Minas, Electricidad e Hidrocarburos, así como la Oficina de Gestión Social, con sus dos dependencias (diálogo y participación ciudadana, y gestión de compromisos sociales) tendrán que contar con profesionales muy competentes, que ingresen a gestionar desde el primer día.

De hecho, en este momento Keko Fujimori no tiene identificados ni los problemas de detalle ni a los profesionales que pueden hacerse cargo de la tarea. Más allá de que aún tiene que lidiar para ganar, debe seleccionar y mostrar a las personas que la acompañarán en estos cargos. Eso dará confianza a los mercados, que andan muy nerviosos y que se dejan llevar por las cifras de las encuestas.