CEPAL y Perú sin libertad

El último informe publicado por la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL) recomienda a los gobiernos de esta parte del continente encarar un profundo proceso de transformación que podría centrarse en energías renovables, la electromovilidad sostenible en las ciudades, la revolución digital inclusiva, la industria manufacturera de la salud, la bioeconomía, la economía del cuidado, la economía circular y el turismo sostenible.

Asimismo, señala que debido a la magnitud de la crisis económica (ocasionada por la pandemia), la Inversión Extranjera Directa (IED) debería canalizarse hacia actividades con la mayor productividad. Además precisa que, debido a los mejores precios de las materias primas y al aumento de demanda (de los metales), algunos países están reprimarizando su economía como opción para el crecimiento.

Ante estas circunstancias, ¿resultan razonables las propuestas de quienes aspiran a un Perú sin Libertad ni garantías constitucionales para reducir la pobreza mediante el crecimiento sostenido? En el caso peruano, las actividades con mayores niveles de productividad son: 1) La agroexportación, porque logra obtener un mayor valor económico por hectárea respecto de otros productos alimenticios considerados commodities, porque pueden ser producidos en cualquier otro lugar del mundo. La derogatoria de la Ley de Promoción Agraria va en sentido contrario a la consolidación del bienestar; y, 2) La minería, porque somos un país líder en el ranking mundial de producción y reservas de mineral (segundo en producción de cobre, plata y zinc; tercero en plomo; cuarto en estaño, molibdeno, andalucita/kyanita y minerales relacionados). 

En consecuencia, particularmente en el caso peruano, obstaculizar o retrasar el desarrollo minero resulta atentatorio contra lo recomendado por la CEPAL. Primero, porque el objetivo debería ser añadir valor agregado mediante la construcción de fundiciones y refinerías para procesar la nueva producción minera; y también porque la transformación progresiva de la matriz energética hacia energías renovables sólo será posible si se genera un mercado de consumo competitivo y sostenible en el tiempo. En ese sentido, emplear la potencialidad del sector minero resultará relevante para alcanzar el objetivo propuesto. 

La electromovilidad sostenible en las ciudades demanda de mayores volúmenes de producción del cobre, tanto para el cableado indispensable para la conducción de energía como para la recarga de los vehículos a baterías. Del mismo modo para la industria automotriz, un vehículo a batería demanda cinco veces más cobre que uno convencional.

Si el Perú no aprovecha ese mercado potencial se ampliarán y pondrán en operación minas en otros países, en lugar de hacerlo en el país. Se perjudicará al sector minero, así como a toda la cadena productiva, entre ellos la industria nacional proveedora de insumos. El desconocimiento y el dogmatismo económico podrían postergar nuevamente el desarrollo, incrementando el desempleo, la informalidad y la pobreza que se dice combatir.

La revolución digital inclusiva requiere que la demanda interna se fortalezca. Y la mejor manera de lograrlo es generar empleo y no entregando dádivas o bonos, empleos que deben ser financiados por algún sector productivo formal que pague sus impuestos para no ocasionar un mayor déficit fiscal e incrementar la inflación. Para lograrlo –en el menor plazo posible- se requiere de industrias como la minería, que se desarrollan de manera descentralizada, principalmente en zonas altoandinas, donde la altura y las condiciones del clima dificultan llevar a cabo otros emprendimientos exitosos, porque ellos necesitan de otras condiciones, como contar con vías de comunicación adecuadas que permitan trasladar la producción local para vincularla a los mayores mercados de consumo, sea en el país o en el exterior. También, cuando se desarrolla un proyecto minero, se generan recursos económicos, como el canon y las regalías mineras, que permiten a los gobiernos locales y regionales elevar la calidad de la infraestructura y mejorar en sus respectivos índices de competitividad.

Los ítems siguientes –la industria manufacturera de la salud, la bioeconomía, la economía del cuidado, la economía circular y el turismo sostenible– requieren de una economía creciente y la consolidación de la demanda interna. Ninguno de ellos se logrará si desde la cúspide del poder se emiten mensajes que no abonan a la generación de confianza. En 2020, según la CEPAL, la IED en el Perú alcanzó US$ 982 millones, lo que representa menos de 1% de la inversión realizada en América Latina y el Caribe, cuyo monto total ascendió a US$ 105,000 millones. ¿Cuánta inversión extranjera directa se ejecutó en Bolivia? Menos de US$ 1,097 millones.

La CEPAL también precisa que “Al mismo tiempo, se necesita que tanto los gobiernos como el sector privado utilicen sus capacidades para que la política de atracción de capitales extranjeros también sea parte de la política industrial como instrumento de transformación de la estructura productiva”.

Luego de lo expresado, ¿alguien considera que la imposición de una ilegal asamblea constituyente abona a favor de la confianza y consensos necesarios entre el gobierno y el sector privado (nacional y extranjero) para generar empleo, reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de todos los peruanos? Según el informe, el “éxito” del modelo económico boliviano no se condice con la realidad; es más un producto del marketing político propagandístico de la dinámica organización internacional denominada Foro de Sao Paulo.