¿Castillo promueve el golpe de Estado?

El súbito ascenso de altos oficiales de las Fuerzas Armadas fuera del período acostumbrado de fin de año llama poderosamente la atención porque podría implicar un avance más en la estrategia de copamiento de las entidades del Estado. Por un lado, ante los indicios documentados que ha presentado la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en su contra, solo ha atinado al desprestigio de quien lo acusa, en lugar de aclarar ante la opinión pública cada uno de los supuestos infundios.

Lo cierto es que en el supuesto de que el presidente Pedro Castillo sea inocente de los actos de corrupción que se le imputa a su entorno familiar más cercano –como su hija-cuñada, sus sobrinos, su esposa, sus cuñados y demás– los hechos demostrarían que estos se habrían aprovechado de su ¿inocencia?

Por otro lado, tenemos el hecho de que Castillo es el presidente que más ha nombrado y reemplazado ministros en la historia republicana del Perú. En consecuencia, sus actos demuestran que si no fuera parte de la red criminal que moraría en Palacio de Gobierno, sí ha demostrado su incompetencia para ejercer la primera magistratura. Motivo por el cual la desaprobación a su gestión y el rechazo ciudadano que recibe en cada lugar que visita va in crescendo.

Castillo tiene hasta tres opciones, fugar del país (sería la más saludable) negociando para que sus familiares aún en libertad lo acompañen; liderar un golpe de Estado, comprometiendo indebidamente a los altos mandos de las Fuerzas Armadas; y, renunciar, que sería lo más hidalgo que puede hacer alguien que es consciente de que su elección no representaba la voluntad popular.

Castillo busca el golpe porque se siente acorralado por las evidencias. Además, porque sabe que la economía pende de un hilo. El 2023 la inversión privada caerá, y el crecimiento de la economía, medida en términos del Producto Bruto Interno, tendrá una expansión insuficiente para absorber a los más de 300,000 jóvenes que cada año se incorporan a la Población Económicamente Activa.

Subsecuentemente, al haber menos demanda interna, las ventas de muchas empresas disminuirán, estas prescindirán de una parte de sus trabajadores y el consumo de las familias será cada vez menor. Sin embargo, como las personas tienen que sobrevivir, estarán dispuestas a emplearse por montos aún menores de los que reciben en la actualidad, lo que los empujará hacia la informalidad o inclusive, al incremento de la criminalidad.

La excusa para romper el orden constitucional será que existe un desgobierno y que la criminalidad exige que el gobierno tome medidas excepcionales ante la delincuencia común. Otra vez, la crisis dirigida y orquestada desde las esferas del poder está en marcha, mientras que un sector de la ciudadanía sigue adocenada, pensando que el gobierno caerá por sí sólo en función al orden constitucional vigente. La historia los volverá a calificar de “Ilusos”.